Por Valeria Núñez Valencia, Observatorio Legislativo MIRA

«Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar», dijo el Presidente Kast este lunes, al reconocer un error del Gobierno: la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Agregó que ese compromiso «se pone a prueba».

Tiene razón. Por eso es legítimo examinar cómo se está rindiendo la prueba.

Ese mismo día, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue consultado por la denuncia de violencia intrafamiliar contra el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, y afirmó que: “todas las denuncias de violencia intrafamiliar no corresponden, son cuestionables (…)” , agregando que el Gobierno «evalúa, analiza, pondera» y decidirá cuando tenga «la convicción».

Nadie discute la presunción de inocencia, que vale para todas las personas, incluido el delegado, que niega los hechos. Lo que corresponde preguntar es por qué la cautela cambia según quién esté en el banquillo. Cuando se habla de delincuencia, el discurso oficial es de mano dura y víctimas primero. Cuando la denuncia toca a uno de los suyos, aparece la duda y la ponderación.

Entonces, ¿hay delitos más importantes que otros? ¿Hay víctimas cuya palabra se cree de inmediato y otras cuya denuncia nace bajo sospecha?

La violencia intrafamiliar es uno de los delitos más subdenunciados del país. Quien denuncia suele hacerlo tras años de silencio, con miedo, dependencia económica y presión del entorno. Que desde el Ejecutivo se la califique de «cuestionable» desincentiva a quienes están decidiendo si hablan. Ese mensaje es difícil de corregir con una aclaración posterior.

Tampoco es una agenda aparte de la seguridad. Combatir la delincuencia también es atender la violencia que ocurre puertas adentro, la que se aprende, se reproduce y daña a niños, niñas y adolescentes que crecen presenciándola. Una política criminal seria no puede dejar fuera el hogar.

El Presidente dijo que las responsabilidades deben asumirse y los errores corregirse. Es un buen estándar, y vale también para los dichos de sus ministros. Si el Gobierno cree que toda denuncia debe tomarse en serio e investigarse con rigor, debe decirlo con claridad y aplicar el mismo criterio siempre, incluso cuando incomoda. Si la seriedad depende de quién sea el denunciado, «las víctimas primero» era un eslogan y no un principio.

Proteger a las víctimas y respetar el debido proceso no se contradicen. Lo que sí las contradice es aplicar ambos principios según la conveniencia del momento.