Por Valeria Núñez Valencia, Observatorio Legislativo MIRA
El 31 de agosto de 2026, el Gobierno presentó el Plan Chile Cuida a los Niños para prevenir vulneraciones y proteger a cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes que viven en residencias. Seis semanas después nos enteramos por la prensa que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que rebajan la condena de personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Uno cada tres días. Solo una solicitud fue rechazada.
El Ministerio sostiene que la facultad es reglada y que, cumplidos los requisitos, no puede negarla. Quizás. Pero no ha explicado en qué se fundó cada decreto, y esa falta de explicaciones también es una forma de desprotección.
Porque una condena no es solo un número de años. Para un niño, una niña o un adolescente que fue abusado, y que muchas veces calló durante años por miedo o por vergüenza, la condena es el momento en que el Estado por fin le dice: no fue tu culpa, te creemos, lo que te hicieron fue grave. Es la promesa de un tiempo para respirar sin miedo. Y ese tiempo importa, porque la reparación toma años: volver a dormir, volver al colegio, llegar a poder nombrar lo que pasó. Muchas veces todo eso ocurre con el agresor a la vuelta de la esquina o sentado en la misma mesa. Según la Fiscalía, cerca del 80% de estos delitos los comete alguien del entorno cercano.
¿Cómo le explicamos a esa niña que el abuelo que abusó de ella podría volver a vivir en la casa de al lado antes de lo que dijo la sentencia? ¿Qué le decimos para que no concluya que su dolor tiene fecha de vencimiento? ¿Se le avisa siquiera? ¿Qué protección recibe?
Un Estado no protege a la infancia con planes y anuncios, sino cuando cada decisión, incluso la más administrativa, se hace una pregunta antes de resolver: ¿Qué significa esto para la vida de un niño? Mientras no le respondamos, la seguridad prometida será solo un eslogan. Los niños, niñas y adolescentes merecen certeza, transparencia y un Estado que no les pida confiar a ciegas.
Nos acusarán de punitivistas. Pero cuando lo que está en juego es la tranquilidad de un niño o una niña, hay que mirar el contexto en que les pedimos que sanen. Lo hacen sin educación sexual integral que les permita reconocer el abuso cuando ocurre. Lo hacen sin un sistema que de verdad proteja a la infancia, con investigaciones que se arrastran por años y con una justicia que, cuando llega tarde, ya dejó de ser justicia. Y lo hacen con muy pocas posibilidades de reparación. En estas circunstancias, una condena es muchas veces lo único que el Estado alcanza a ofrecerles: la certeza que, al menos por un tiempo, podrán vivir sin miedo. Si defender eso nos vuelve punitivistas, que nos llamen como quieran.
