La ministra Gloria Ana Chevesich enfatizó que las cortes no han intervenido al no presentarse recursos de amparo por estos decretos. En paralelo, nuevos antecedentes revelan beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco.
En medio de la creciente tormenta política que rodea al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abordó formalmente la controversia por el otorgamiento de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores mediante decretos del Poder Ejecutivo.
Al término del primer bloque de una jornada de reflexión del Poder Judicial, la máxima autoridad del máximo tribunal aclaró que el Poder Judicial no ha tenido participación ni ha emitido un pronunciamiento sobre las resoluciones cuestionadas, dado que las decisiones fueron tomadas exclusivamente en la esfera administrativa del Gobierno.
«Aquí hay una comisión de rebaja de condenas que dicta una determinada decisión y, consecuencialmente, si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales, las cortes de apelaciones o la Corte Suprema puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia», precisó la ministra Chevesich. En esa misma línea, remarcó que «fue el ministro de Justicia quien ha dictado decretos conforme a las facultades legales que tiene».
Las declaraciones de la titular del máximo tribunal contrastan con los argumentos esgrimidos previamente por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien justificó las rebajas de pena asegurando que la cartera solo actuó bajo la doctrina jurídica fijada por la propia Corte Suprema.
Nueva arista: Beneficios en Punta Peuco y duras críticas de la oposición
La crisis política en torno a la gestión del Ministerio de Justicia sumó un nuevo capítulo tras revelarse, a través del portal Interferencia.cl, que la administración del Presidente José Antonio Kast también concedió rebajas de penas a reclusos del penal de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad, como secuestro y tortura.
La revelación generó inmediata indignación en el ámbito legislativo. La senadora Karol Cariola (PC) calificó las decisiones gubernamentales como una grave señal hacia el país: «Es una provocación a la ciudadanía que revela que el Ejecutivo no tiene ningún respeto por la memoria histórica ni por los niños y niñas que sufrieron ataques sexuales», sentenció.
La acumulación de antecedentes refuerza la ofensiva de la oposición en el Congreso Nacional, donde parlamentarios avanzan en la recolección de firmas para interpelar al ministro Fernando Rabat por la concesión de estos beneficios penitenciarios.
