Por Marcela Nieto, Enfermera HCVB, Colenf Regional Valparaíso-Aconcagua- San Antonio
Frente al complejo escenario que enfrentamos en nuestro país en relación al recorte presupuestario en salud, nace una de las mayores disyuntivas en la coyuntura del debate sobre el actual modelo de salud, fundamentado en nuestra actual constitución política que data desde el año 1980 en donde se garantiza el acceso a la salud, bajo la elección de atenderse entre el sistema público o privado, sin embargo no existe garantía de acceso como derecho universal, con lo cual, la tendencia es a asumir que a mayor financiamiento y poder adquisitivo, mayor es la eficiencia y productividad, sin embargo si nos basamos en la lógica de la “Eficiencia Financiera” ¿será posible que el sistema de salud pública de nuestro país sea más eficiente que el sistema privado?
Si partimos desde la base de que nuestro principal asegurador de salud en Chile es Fonasa con una cobertura de 84% del total de la población, mientras el 10% restante corresponde a Isapres, al monetizar ambas aseguradoras, tenemos que actualmente, Fonasa paga 480 dólares per cápita por cada beneficiario, mientras que el sistema privado es de 2.500 a 3.500 dólares por cada beneficiario.
En resumen, actualmente el sistema público de salud otorga un 89% de las prestaciones para un universo de 84% de la población chilena, contenida en 77% del total de camas y por 480 dólares per cápita con una pérdida o déficit de 15 a 20% en comparación con el modelo privado, el cual y pece a recibir el 55% presupuesto, mantiene una pérdida del 25 al 35%, lo cual establece un cambio en el paradigma para un sistema que se cuestiona y rechaza de forma constante por ser ineficiente, siendo castigado con recortes presupuestarios cada vez mayores, cuando en realidad, lo que se requiere para que coexista una mayor producción y crecimiento económico a nivel país es mayor inversión en salud.
Además, es importante destacar que nos encontramos en pleno proceso de cambio en el perfil epidemiológico de la población chilena, el cual expone un escenario incierto y sin precedentes, provocado por un brusco descenso en las tasas de natalidad y envejecimiento de la población de forma acelerada, generando el espacio perfecto para un colapso sanitario con una proyección estimada para el año 2030 con más del 50% de nuestra población envejecida, lo cual conlleva a tener más enfermos y de mayor gravedad, implicando inherentemente un mayor gasto en salud, fiel reflejo de una problemática que va en incremento, como es el caso de las “Hospitalizaciones Socio-sanitarias” con un 17% del total de la ocupación de camas y que corresponde a pacientes adultos mayores, desprovistos de redes de apoyo familiares, que son dados de alta, pero deben quedarse hospitalizados, al no existir instituciones de apoyo que puedan asistirlos de manera temporal o permanente en sus necesidades y requerimientos básicos.
Esto ocurre fundamentalmente porque trabajamos en un sistema de salud reactivo que denota falta de visión y planificación a largo plazo, ya que hace 20 años atrás se debió prever y discutir planes y programas a nivel nacional con participación tanto de lo público como lo privado en donde la capitalización pueda ser otorgada según nuestro modelo desde la parte privada pero sin perder el control desde el estado sobre esta.
Por lo tanto es esencial comprender que la ineficiencia financiera en los hospitales públicos es simplemente porque el sistema no está preparado para el escenario y usuario actual, generando un nivel de gasto ineficiente y desprotección social, porque sencillamente llegamos tarde y el rápido envejecimiento de la población avanza mucho más rápido que las reformas y políticas de salud pública en nuestro país.
