El ministro del Trabajo, Tomás Rau, descartó modificaciones al límite de la jornada pero confirmó que esta semana ingresará una propuesta para extender el periodo de cálculo promedio hasta 52 semanas en sectores estacionales. Desde el ámbito legal, advierten que la medida arriesga «agotamiento excesivo» y contradice normas de crianza compartida.
Un intenso debate político y técnico se ha instalado en torno a la implementación de la Ley de 40 Horas. Tras las advertencias de figuras de la oposición —como las exministras Jeannette Jara y Camila Vallejo— sobre un eventual riesgo de retroceso en los derechos laborales, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, salió al paso para blindar el corazón de la reforma, aunque confirmando que el Ejecutivo propondrá flexibilizar el método de cálculo de la jornada.
“El proyecto de ley no se cambia”, aseguró categóricamente el secretario de Estado en entrevista con Tele13 Radio. El jefe de la cartera laboral explicó que la iniciativa que presentarán esta semana contempla un ciclo de cálculo estándar de 15 a 16 semanas, tomando como referencia los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No obstante, Rau precisó que en actividades con una marcada estacionalidad —como el turismo, la gastronomía y el retail— ese período de promedio hídrico podrá extenderse hasta abarcar las 52 semanas del año. «Ahora estamos en 42 horas y ese promedio tiene que ser 42, ya sea que se calcule en 16, 30 o 52 semanas», detalló el ministro, ejemplificando que las empresas podrán aumentar sus horas de operación en períodos de alta demanda (como Navidad o verano) y compensarlas posteriormente con jornadas más reducidas en temporada baja.
La advertencia técnica: Flexibilidad v/s bienestar familiar
En conversación exclusiva con La Unión Valpo, el abogado Juan Padilla Herrera, de la firma especializada Laboral Atiende Abogados, desmenuzó los alcances prácticos de la propuesta gubernamental y alertó sobre los potenciales efectos colaterales que este diseño de «ciclos largos» (trimestrales, semestrales o anuales) podría generar en la masa trabajadora.
De acuerdo al jurista, actualmente la ley obliga a cumplir las 40 horas en una distribución semanal de 4 a 6 días. Existe, mediante acuerdo sindical, la opción de promediar a un mes (4 semanas), permitiendo trabajar 52 horas en dos semanas y 28 en las restantes. El nuevo plan del Ministerio del Trabajo (Mintrab) apunta a estirar exponencialmente estos rangos de distribución.
Frente a este escenario, Padilla identificó complejos nudos críticos para el trabajador:
«Se visualizan dos potenciales efectos negativos. El primero es el agotamiento excesivo en semanas de 52 horas de trabajo versus la desmotivación en una semana más corta de 28 horas. El segundo es la contradicción directa con el espíritu de las normas de la OIT y la Ley N° 21.645 sobre conciliación de la vida personal, laboral y familiar», apuntó el profesional.
Asimismo, el especialista ligó esta realidad al contexto demográfico del país: «Estamos en un país escaso de nacimientos, por lo que medidas como estas, sin restricciones o cortapisas claras, pueden seguir acrecentando el envejecimiento de la población al no dejar el tiempo necesario para la crianza compartida».
Los riesgos de la asimetría contractual
El análisis legal de Laboral Atiende advierte que, si bien la reforma inyectará mayor adaptabilidad a las empresas, dejará al trabajador en una posición de incertidumbre al mermar su capacidad de conocer con debida anticipación la distribución de su jornada.
«Si esto pasa únicamente por la vía del acuerdo individual, el trabajador tiene muy poca posibilidad real de oponerse», sostuvo Padilla, agregando un factor de riesgo en la estabilidad del empleo: «Es altamente posible que en los ciclos de baja demanda y menor jornada las empresas decidan desvincular personal, ya que los costos de despido podrían resultarles más baratos al empleador bajo estas condiciones de cálculo».
La propuesta del Ejecutivo iniciará su trámite legislativo en los próximos días, donde la discusión sobre los límites de la flexibilidad y la salud de los trabajadores promete tomarse la agenda del Congreso.
