Uno de los pilares de la Megareforma tributaria impulsada por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instala una idea que a simple vista suele ser seductora: si las empresas pagan menos impuestos, invertirán más; si invierten más, hay más empleo; si hay más empleo, circulara más dinero; y si la economía crece, todos estaremos mejor.
Así se propone reducir gradualmente el impuesto de primera categoría desde un 27% hasta un 23% con el objetivo de recuperar la inversión, aumentar el crecimiento y mejorar el empleo. Pero una política pública no puede evaluarse únicamente de su teoría, sino por la evidencia que la respalda. Una de las premisas económicas detrás de esta reforma supone que la inversión responde de manera suficientemente elástica frente a una disminución en la tributación corporativa. Es decir, que al aumentar la rentabilidad después de impuestos, las empresas decidirán invertir significativamente más. Sin embargo, la evidencia empírica nos muestra que esa relación es bastante menos automática de lo que suele plantearse, pues las decisiones de inversión no dependen exclusivamente de la tasa de impuestos.
El 2017, Estados Unidos, Gobernado por Donald Trump, aprobó la Tax Cuts and Jobs Act, reduciendo el impuesto corporativo desde un 35% hasta un 21%. La promesa era clara y similar a lo que plantea Quiroz: más inversión, mejores salarios y un crecimiento económico permanente. Posteriormente se demostró que el efecto sobre la inversión fue bastante más moderado de lo proyectado.
Entonces la pregunta es ¿quién asume el costo de la megareforma mientras esperamos que la rebaja de impuestos se traduzca en mayor inversión y crecimiento?. El propio Gobierno ha reconocido la necesidad de implementar un importante ajuste del gasto público, superior a US$3.000 millones durante 2026. Porque cuando disminuyen los ingresos permanentes del Estado, alguien termina absorbiendo ese costo y precisamente lo hace la clase trabajadora, pues reciben menos salud, menos transporte público, menos infraestructura y menos innovación, hoy el ejecutivo apuesta a un ajuste presupuestario que ha afectado programas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, incluyendo iniciativas vinculadas a investigación, formación de capital humano, dentro del esfuerzo de contención del gasto público. Aquí resulta imposible no recordar a Robert Solow, el economista que demostró que la acumulación de capital es decir más maquinaria, más edificios o incluso más inversión física posee rendimientos decrecientes. Es decir, llega un momento en que agregar más capital genera aumentos cada vez menores en la producción.
Entonces, ¿qué explica que algunos países sigan creciendo durante décadas?: La capacidad de producir más y mejor gracias a la investigación y desarrollo, por lo tanto no es casualidad que las economías más desarrolladas del mundo sean también aquellas que destinan una mayor proporción de su PIB a investigación y desarrollo. Chile invierte un 0,39% del PIB, calificando en una de las cifras más bajas de los países de la OCDE. Entonces porque frente a un desafío estructural de productividad, nuestra principal discusión es cómo reducir impuestos y no cómo aumentar nuestra capacidad de innovar. Y esa es la mayor lección que todavía tenemos pendiente en Chile: el crecimiento a largo plazo se construye. Y se construye invirtiendo en aquello que ningún gobierno debería poner en segundo plano: la investigación y el desarrollo.
