Por Paula Rosso, Psicóloga clínica y Educacional y Consejera Regional.

La salud mental en Chile ha sido tratada históricamente como un asunto privado, un desajuste químico individual que debe resolverse en la soledad de un consultorio. Sin embargo, la realidad nos golpea con una verdad distinta: la salud mental es profundamente política y está encadenada a los determinantes sociales que definen nuestra biografía. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de un estado de bienestar que permite a las personas afrontar el estrés, desarrollar habilidades y contribuir a su comunidad. Pero, ¿cómo se sostiene ese bienestar en un país de ciudadanos sobreendeudados y deprimidos?

El modelo de financiamiento de la educación superior, personificado en el Crédito con Aval del Estado (CAE), se ha transformado en una de las mayores deudas pendientes de nuestra democracia. No se trata solo de cifras en una cartola bancaria; es un peso existencial que desborda la racionalidad fiscal para entrar en el terreno del daño psicológico crónico. La literatura y el debate público actual sugieren que Chile vive una crisis donde el bienestar se sacrifica en el altar de los indicadores económicos, ignorando los costos invisibles que el ajuste fiscal impone sobre la psiquis de los trabajadores.

La situación se ha vuelto crítica con las recientes políticas de cobro. Se ha reportado que la Tesorería General de la República (TGR) ha procedido a retirar la totalidad de sueldos de cuentas bancarias de deudores del CAE sin una revisión caso a caso. Esta medida no es solo un acto administrativo; es un golpe devastador a la línea de flotación de la dignidad humana.

Pensemos en el caso de una madre que cría sola, que enfrenta deudas por cirugías de salud y que ve cómo su sueldo —ya insuficiente— desaparece por un embargo automático. La angustia generada por quedar con «cero pesos» en la cuenta no es un problema de gestión emocional; es una respuesta lógica ante un sistema que pone en riesgo la subsistencia misma y la vida de las personas.

Este fenómeno evidencia que el sistema actual, lejos de promover el desarrollo socioeconómico, genera gran parte de la crisis que luego intenta «tratar» con fármacos. Las condiciones laborales, los sueldos que no alcanzan para cubrir el costo de vida y los contratos precarios son decisiones políticas que afectan directamente la posibilidad de mantener un estado de bienestar. Cuando el Estado prioriza la recuperación del capital financiero por sobre la estabilidad mental de sus ciudadanos, está incurriendo en una negligencia social de proporciones éticas.

Es urgente que el debate sobre la transición del CAE a nuevos modelos de financiamiento (como el FES) no se agote en lo técnico-económico. Debemos entender que cada embargo y cada interés acumulado tiene un correlato en las tasas de ansiedad y depresión de la población. No podemos hablar de una «salud mental de calidad» mientras las políticas de cobranza sigan empujando a los ciudadanos al borde del abismo.

La salud mental y la política están totalmente relacionadas. Sanar a Chile requiere, necesariamente, aliviar la carga de una mochila educativa que se volvió impagable y reformular las atribuciones de instituciones que, en su afán recaudador, parecen haber olvidado que detrás de cada RUT hay una persona intentando sobrevivir a un sistema que la asfixia. La verdadera salud mental comenzará cuando el derecho a estudiar no signifique hipotecar el derecho a vivir con tranquilidad.