Por Felipe Rojas C., Trabajador Social
Chile vuelve a encontrarse en una encrucijada histórica donde las tensiones estructurales del modelo socioeconómico emergen con fuerza en la vida cotidiana de las mayorías. La coyuntura actual está marcada por una espiral que asfixia a los hogares populares, por un lado, el alza desmedida y continuada en el precio de los combustibles y transporte —que ha detonado la paralización del transporte y el malestar en las rutas— y por otro lado, cifras alarmantes de desempleo y precarización laboral que reducen drásticamente los ingresos familiares.
Esta asfixia económica no es un fenómeno meteorológico ni el resultado ineludible de fuerzas del mercado abstractas. Adquiere una gravedad mayor al constatarse las prioridades de la gestión pública, donde las respuestas institucionales se inclinan hacia la austeridad y el recorte presupuestario en los pilares fundamentales del bienestar social, la educación pública, el sistema de salud y las soluciones al déficit habitacional. Se configura así una paradoja violenta, en momentos de fragilidad económica, el Estado repliega su cobertura social y transfiere la presión del ajuste directamente sobre las espaldas de la clase trabajadora.
Es en este escenario de desigualdad distributiva donde la consigna «Que la crisis la paguen los capitalistas» cobra pleno sentido y urgencia política. No se trata de un eslogan coyuntural, sino de un cuestionamiento directo a la lógica con la que históricamente se han administrado los ciclos económicos en Chile. La interrogante de fondo no es únicamente cómo salir de la crisis, sino quiénes deben asumir su costo financiero y social, si las familias golpeadas por la inflación y la cesantía, o las grandes concentraciones de capital que han acumulado ganancias extraordinarias durante las últimas décadas.
Ajuste para abajo, ganancias para arriba
El modelo socioeconómico actual impone una ecuación profundamente asimétrica que responde a una máxima histórica del gran capital, «privatizar las ganancias y socializar las pérdidas». Esta no es una falla coyuntural ni una anomalía del sistema, es su mecanismo ordinario de funcionamiento frente a las desaceleraciones y turbulencias financieras.
Cuando la coyuntura favorece la acumulación, los excedentes de los períodos de bonanza se concentran en las cúpulas de los grupos financieros, la gran industria exportadora, las inmobiliarias y las empresas concesionarias bajo la premisa del libre mercado y el éxito privado. Sin embargo, en el instante exacto en que la crisis, el frenazo económico o la inflación asoman, las reglas del juego cambian, el discurso de la eficiencia privada desaparece y los costos se transfieren al conjunto de la sociedad.
Para mantener sus tasas de ganancia frente a la subida de insumos, el gran capital ajusta sobre su variable más maleable, la fuerza de trabajo. Esto no solo se traduce en olas de despidos e incrementos en las tasas de desempleo, sino en una mutación del mercado laboral hacia la informalidad, la subcontratación y el trabajo por cuenta propia sin seguridad social. En paralelo, el sistema de capitalización individual (AFP) opera como el engranaje perfecto de esta transferencia de pérdidas, cuando las bolsas caen, la inflación se dispara o la economía se contrae por la crisis, los vaivenes del mercado financiero pulverizan los fondos de pensiones de los trabajadores, haciendo que las pérdidas de las inversiones especulativas recaigan directamente sobre los ahorros de toda una vida, mientras las administradoras siguen cobrando sus comisiones intactas.
Al mismo tiempo, la espiral inflacionaria, alimentada por el alza de combustibles y transportes, actúa como un impuesto encubierto que devora diariamente el poder adquisitivo real de los salarios.
Socializar la pérdida se traduce en recortar las arcas públicas. Las consecuencias son inmediatas, infraestructuras hospitalarias desbordadas, listas de espera interminables, escasez de cupos en la educación pública y la agudización del déficit habitacional.
Socializar las pérdidas significa debilitar la capacidad distributiva del Estado. Frente a la caída en la recaudación o las metas de consolidación fiscal, la respuesta institucional recurre de forma sistemática al recorte y subfinanciamiento de áreas críticas, congelando los aportes en educación pública y falta de cupos en la educación inicial y media. En cuanto a salud, se evidencian actualmente listas de espera interminables, colapso en la atención primaria y falta de insumos en los hospitales públicos, entre un largo recorte a programas de asistencia social.
Asimismo, el alza de los combustibles expone con nitidez la transferencia de costos. Mientras las grandes distribuidoras e importadoras de energía protegen sus márgenes operativos a través de contratos blindados y subsidios indirectos, el costo real del transporte se descarga hacia abajo. El pequeño transportista y el chofer absorbente ven liquidados sus ingresos, al tiempo que el costo del transporte de mercancías se traslada directamente al precio final del pan, la leche, las verduras y los bienes de primera necesidad en ferias y supermercados.
En definitiva, la crisis expone que el modelo no distribuye riquezas, sino riesgos. La riqueza se resguarda en cuentas privadas, la vulnerabilidad, en cambio, se masifica en los barrios populares.
¿Quiénes deben asumir la factura de la crisis?
La consigna «Que la crisis la paguen los capitalistas» no es una mera consigna de agitación; constituye una alternativa de política económica estructurada contra la doctrina de la austeridad fiscal. Frente al argumento patronal e institucional que sostiene que «no hay recursos» para financiar las necesidades públicas, la realidad demuestra que la riqueza producida en el país sigue concentrándose en los vértices del poder económico.
Para revertir la transferencia del costo de la crisis hacia las mayorías y reorientar el aparato estatal al servicio del trabajo, se vuelve urgente la implementación de un programa de emergencia fundado en la articulación de medidas tributarias, energéticas y de inversión pública.
En primer lugar, es imperativo establecer una justicia tributaria estructural que capture recursos desde los sectores de mayor rentabilidad del país. Esto implica aplicar un royalty minero efectivo y gravámenes reales a las ganancias extraordinarias de la gran minería privada del cobre y el litio para impedir la fuga de excedentes al extranjero y destinarlos directamente al tesoro público. Asimismo, exige el establecimiento de un impuesto permanente y progresivo sobre los patrimonios netos del uno por ciento más rico del país, sumado a un gravamen extraordinario a las utilidades de los sectores financieros, bancarios, las AFP, las cadenas del retail y las empresas concesionarias que han registrado ganancias históricas.
Todo esto debe complementarse con la persecución irrestricta del fraude corporativo, cerrando los resquicios legales de elusión y evasión fiscal utilizados por los grandes grupos económicos para terminar con la impunidad tributaria.
En paralelo, resulta indispensable reestructurar la matriz energética y logística para frenar la especulación sobre la canasta familiar. La eliminación del impuesto específico a los combustibles para los sectores populares y los pequeños transportistas se vuelve un acto de estricta justicia, compensando su recaudación mediante la supresión de las franquicias y exenciones tributarias de las que actualmente gozan las grandes industrias forestales, mineras y aeronáuticas. Esta medida debe sostenerse mediante una regulación estatal directa sobre los precios de los combustibles y los bienes de primera necesidad, impidiendo que las empresas distribuidoras y los grandes intermediarios trasladen especulativamente sus costos al consumidor.
Como complemento estructural, la creación de una empresa estatal de transportes y logística permitiría recuperar la capacidad del Estado para intervenir en la red de distribución de insumos clave, garantizando transporte a costo real para la producción agrícola familiar y el abastecimiento de los barrios populares.
Finalmente, toda esta arquitectura económica se consolida a través de la inversión pública y la construcción estatal directa, superando el déficit distributivo mediante la intervención en la producción material y la reproducción social. La exigencia de un plan masivo de obras públicas y de solución directa al déficit habitacional responde a la necesidad de arrebatar el suelo urbano a la especulación financiera inmobiliaria, edificando a costo real sin intermediarios y eliminando el lucro corporativo. Esta reactivación estatal actúa simultáneamente como un amortiguador del desempleo estructural, desactivando el rol disciplinatorio del ejército industrial de reserva al absorber la mano de obra desocupada en proyectos de utilidad pública con empleo formal, salarios dignos y plenos derechos. La sostenibilidad financiera de este esfuerzo productivo no depende de una falsa austeridad fiscal, sino de la decisión política de transformar el excedente acumulado privadamente por las cúpulas corporativas en patrimonio social duradero.
Superar la lógica del ajuste y recuperar el horizonte de las mayorías
La crisis que atraviesa Chile no constituye un accidente coyuntural ni una fatalidad económica exógena, es la manifestación aguda de un modelo de acumulación que ha convertido las necesidades básicas de la población en variables de ajuste y fuentes de ganancia privada. La pinza formada por el alza de los combustibles, la precarización del transporte, el desempleo estructural y el desmantelamiento presupuestario de la salud, la educación y la vivienda, gráfica con crudeza una máxima histórica inquebrantable, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Frente a esta asimetría, la respuesta institucional de la austeridad fiscal y los pactos de élite no hace más que profundizar el malestar social y trasladar el costo de la crisis a las espaldas de la clase trabajadora. Por ello, la consigna «que la crisis la paguen los capitalistas» se instala no solo como una interpelación política necesaria, sino como un programa de estricta justicia distributiva y viabilidad material.
Revertir la debacle actual exige un cambio de eje absoluto en la dirección de la economía, capturar el excedente concentrado en las grandes fortunas, la banca y la gran minería, derogar las cargas tributarias injustas que ahogan al pueblo y romper con la mercantilización del suelo y del empleo mediante un plan estatal masivo de inversión pública y construcción habitacional.
La salida a la crisis no vendrá de la mano de los mercados desregulados ni de los recortes que erosionan la vida en común. La historia social de Chile demuestra que los derechos y las conquistas de las mayorías solo han avanzado cuando la organización, la conciencia crítica y la movilización popular irrumpen para disputar el poder y la riqueza del país. La tarea histórica del presente es clara, impedir que la factura del estancamiento la vuelva a pagar el pueblo.
