Por Felipe Rojas C., Trabajador Social

Mientras las democracias liberales proclaman el triunfo de la deliberación racional y el consenso pragmático, la escena pública global experimenta un violento resurgimiento de los movimientos de ultraderecha. Para comprender este fenómeno resulta imprescindible establecer una distinción fundamental entre la política, el conjunto de prácticas e instituciones mediantes las cuales se organiza la coexistencia humana, y lo político, entendido como la dimensión conflictiva y antagónica constitutiva de toda sociedad.

De esta manera es posible sostener que la crisis actual de la democracia representativa no es un accidente exógeno, sino la consecuencia directa del paradigma “pospolítico”adoptado por el progresismo y la centro izquierda institucional desde finales del siglo XX. Al asumir el “fin de las ideologías” y subordinar la contienda política a la gestión técnica de la economía de mercado, la centro izquierda desmanteló las identidades colectivas tradicionales sin ofrecer una alternativa simbólica liberadora. Este vacío identitario fue capitalizado por discursos de ultraderecha que reintrodujeron la frontera entre un “nosotros” y un “ellos”, pero bajo una lógica excluyente, reactiva y moralizada.

La ilusión del consenso

El núcleo epistemológico de la teoría política de Mouffe descansa en la premisa fundamental de que toda identidad política se constituye en relación con la alteridad, la delimitación de una frontera entre un “nosotros” y un “ellos”. Esta perspectiva cuestiona de manera radical los cimientos del liberalismo normativo e individualista. Varios autores postularon la posibilidad de alcanzar una sociedad pacificada a través de la razón pública y la deliberación democrática desprovista de distorsiones de poder. Sin embargo, el intento de erigir un orden democrático sobre la erradicación del conflicto confunde la naturaleza misma de lo social, pretender un “nosotros” universal sin un “ellos” constitutivo es un imposible ontológico.

Durante la década de 1990, tras la caída del bloque soviético, la centro izquierda e instituciones de la socialdemocracia europea y latinoamericana asumieron de forma acrítica el paradigma de la “Tercera Vía”, teorizado por sociólogos como Giddens. Bajo el lema del “fin de las ideologías”, este progresismo institucional decretó la obsolescencia del eje tradicional izquierda/derecha. La política dejó de conceptualizarse como una disputa hegemónica entre proyectos de sociedad irreconciliables para redefinirse como un ejercicio pragmático de gestión técnica y buena gobernanza dentro de los límites infranqueables del libre mercado.

La trágica paradoja de esta maniobra estriba en que la negación teórica de lo político no equivale a su extinción en la praxis. Al subordinar las decisiones económicas sustantivas a la “inevitabilidad” del consenso neoliberal, la centro izquierda desmanteló los marcos simbólicos de pertenencia colectiva. Demandas legítimas de la clase trabajadora -asociadas a la precarización, la desindustrialización y la pérdida de soberanía- fueron expulsadas del debate democrático por ser consideradas “inviables” o “irracionales”. El espacio de la contienda pública se redujo así a diferencias administrativas menores, desactivando la capacidad de las mayorías para imaginarse como sujetos históricos de transformación.

Desde un prisma estrictamente crítico, la tesis de Mouffe sobre la inalienabilidad del antagonismo -si bien resulta imprescindible para diagnosticar el fracaso del consenso centrista- presenta una tensión estructural en su formulación conceptual, la primicia otorgada al discurso sobre las relaciones materiales de producción.

Al abrevar en el postestructuralismo, la propuesta conceptualiza el conflicto primariamente a través de la articulación del lenguaje y las identidades contingentes. Sin embargo, al desvincular la noción de antagonismo de la crítica de la economía política, el análisis corre el riesgo de formalizar el conflicto como un mero artefacto discursivo. El “fin de las ideologías” no fue simplemente un error conceptual o un “descuido ideológico” de la centro izquierda; fue la expresión superestructural del avance del capitalismo financiarizado, la atomización del trabajo y el desmantelamiento del Estado de bienestar.

Por consiguiente, la incapacidad de la centro izquierda para encauzar el antagonismo no solo respondió a su adhesión a la retórica del consenso, sino a su complicidad objetiva con la reestructuración del capital. Al ignorar la base material de la lucha de clases, el modelo de Mouffe se expone a sustituir la gestión tecnocrática liberal por una disputa agonista meramente simbólica, donde la frontera del “nosotros” frente al “ellos” corre el peligro de quedar reducida a una representación cultural o una retórica electoralista vaciada de contenido económico transformador.

La captura ultraderechista del vacío identitario

Al despojar a las mayorías trabajadoras de su capacidad de agencia histórica y desmantelar los relatos identitarios fundados en la solidaridad de clase, el consenso post político no logró pacificar el espacio social; por el contrario, generó una masa de población desposeída de representación simbólica. Como argumenta Fraser (2017), el paradigma dominante de la centro izquierda institucional derivó en un “neoliberalismo progresista”, una alianza paradójica entre las políticas de reconocimiento cultural de corte liberal y la economía financiarizada de libre mercado. Al concentrarse en la inclusión dentro del marco corporativo global, este progresismo dio la espalda a los sectores populares precarizados por las dinámicas de la globalización, dejando un abrumador vacío identitario y afectivo en el centro de la escena pública.

Las fuerzas de ultraderecha contemporáneas demostraron una agudeza gramsciana inversamente proporcional a la ceguera de la centro izquierda. Comprendieron intuitivamente que la política no se mueve por meros cálculos de costo-beneficio individual, sino por emociones colectivas y afectos sociopolíticos. Allí donde el progresismo ofrecía gestión tecnocrática y discursos pedagógicos sobre la adaptación a la volatilidad del mercado, la ultraderecha intervino para canalizar las emociones de despojo, incertidumbre y agravio social.

Esta captura no opera restituyendo el conflicto sociopolítico tradicional, sino ejecutado un desplazamiento discursivo clave; la sustitución del antagonismo material de clase por un antagonismo moral e identitario. La ultraderecha reconfigura la frontera del conflicto mediante múltiples dispositivos de coerción social.

Por una parte, el “nosotros”. Un sujeto ficticiamente homogéneo, definido por la pertenencia nacional, el trabajo tradicional y la adscripción a valores morales amenazados. Se le presenta como la víctima pura del “sistema”. En contraparte, el “ellos”. Redefinida no como la burguesía o el capital financiero, sino como una casta “globalista”, “woke” o “progresista” encargada de imponer una hegemonía cultural desvinculada de las necesidades de la gente común. Y por último, el “ellos” inferior. Migrantes, diversidades sexuales, raciales y movimientos feministas, a quienes el discurso reaccionario presenta como grupos privilegiados por el Estado que minan los recursos públicos y destruyen la cohesión cultural.

Este reencuadre tiene consecuencias devastadoras para el agonismo democrático. En la formulación de Mouffe, para que la democracia subsista, el “otro” debe ser reconocido como un adversario legítimo cuya pretensión de hegemonía se combate pero cuyo derecho a existir no se cuestiona. En cambio, la matriz teórica de la ultraderecha contemporánea recurre a la lógica schmittiana más cruda; la distinción radical entre amigo y enemigo (Schmitt, 2009).

Al desplazar el debate del eje socioeconómico (donde caben la negociación colectiva y los compromisos redistributivos) al plano del valor moral e identitario (donde la identidad propia es amenazada por la existencia del otro), el oponente político deja de ser un adversario democrático y se convierte en una amenaza ontológica o un ente moralmente perverso. No se puede negociar una política salarial o un presupuesto de salud con un “adversario”; pero contra un “enemigo” acusado de destruir la patria o la familia, la única respuesta legítima es la neutralización discursiva o la erradicación institucional.

A nivel analítico, es crucial señalar la trampa que encierra la respuesta de la ultraderecha; su rebelión contra el establishment es estrictamente performativa. Al desviar la rabia popular contra las minorías o la “hegemonía cultural progresista”, la ultraderecha salvaguarda las estructuras fundamentales del capital corporativo y financiero. La moralización del conflicto le permite canalizar el resentimiento provocado por el capitalismo neoliberal sin tocar un solo pilar del modelo de acumulación que genera la precarización objetiva de sus votantes.

Por ello, el éxito de la ultraderecha no debe leerse solo como un triunfo de su eficacia retórica, sino como el síntoma más claro del colapso del progresismo institucional. Al haber clausurado las vías legítimas para disputar la redistribución de la riqueza, la centro izquierda creó las condiciones de posibilidad para que el deseo ineliminable de pertenencia y soberanía fuera capturado por la versión más bárbara, punitiva y excluyente de lo político.

Hacia una hegemonía agonista de izquierda

Ante el avance reaccionario, la respuesta habitual de la centro izquierda ha sido el repliegue defensivo; una apelación moralizante a la “moderación”, las “instituciones” y la restauración del consenso tecnocrático. Sin embargo, como advierte Mouffe (2018), intentar combatir el populismo de ultraderecha mediante una insistencia en el mismo paradigma pospolítico que lo engendró es un callejón sin salida. La superación de esta crisis no pasa por apagar el conflicto, sino por repolitizarlo a través de una vía agonista que dispute la hegemonía y redirija las pasiones colectivas hacia horizontes emancipatorios.

Para evitar que la confrontación política degenere en violencia explícita o en la demonización propia del schmittianismo, se propone la noción de agonismo. Mientras que el antagonismo enfrenta a “enemigos” que buscan la aniquilación mutua (destruyendo el marco democrático), el agonismo transforma la relación en una lucha entre “adversarios”.

Un adversario es un oponente cuyos proyectos políticos son ético políticamente incompatibles con los nuestros, pero cuyo derecho a disputar el poder dentro del marco de la soberanía popular y la igualdad se reconoce como legítimo. La tarea primordial de una izquierda transformadora no es, por tanto, educar moralmente a la ciudadanía para que acepte el status quo, sino construir un “nosotros” popular, democrático e inclusivo capaz de canalizar el descontento popular contra los verdaderos responsables de la precarización, la oligarquía financiera y las élites corporativas.

Sin embargo, adoptar dicha propuesta exige señalar problemas conceptuales y callejones sin salida a los que enfrenta la praxis política concreta. Por una parte, la insistencia en que lo social se constituye exclusivamente a través del discurso tiende a subordinar las dinámicas de acumulación del capital a meras “articulaciones hegemónicas”. Al reducir la lucha de clases a una más entre múltiples demandas contingentes, la teoría se queda ciega frente al poder coercitivo de los mercados financieros y la infraestructura material del capitalismo global. Redefinir el “nosotros” mediante la retórica resulta ineficaz si no se ataca simultáneamente la propiedad y el control de los recursos económicos clave.

En la práctica política real, la distinción entre tratar al otro como un “adversario” o como un “enemigo” se vuelve sumamente porosa. Frente a fuerzas de ultraderecha que recortan derechos fundamentales o niegan la humanidad de colectivos vulnerados, resulta teórica y estratégicamente problemático tratarlas como “adversarios legítimos”. Condenar a la izquierda a un juego agonista pulcro mientras la ultraderecha opera en el terreno del antagonismo abiertamente destituyente puede conducir a una desarmante asimetría estratégica.

Por su parte, la articulación discursiva de un “pueblo” heterogéneo -donde convergen demandas ecologistas, feministas, laborales, estudiantiles y derechos civiles- suele ser sumamente inestable. Sin una base material e institucional sólida, las alianzas populares de izquierda tienden a erosionarse rápidamente una vez que alcanzan el poder institucional y enfrentan los límites impuestos por el capital transnacional.

Para superar estas limitaciones, la reconstrucción de una política emancipatoria no puede limitarse a la propuesta agonista puramente discursiva. Se requiere una síntesis entre la necesidad de encauzar las emociones y las pasiones colectivas, y una crítica rigurosa de la economía política.

La izquierda no disputará el vacío identitario volviendo a la moderación de la Tercera Vía ni imitando el discurso moralizante de las élites liberales. Debe atreverse a reinscribir la frontera política en torno a la injusticia material; construyendo un “nosotros” popular amplio mediante la reconstrucción de los bienes comunes, los servicios públicos desmercantilizados, la soberanía económica y los derechos del trabajo. Solo cuando la politización del conflicto vuelva a ofrecer soluciones reales y colectivas a la incertidumbre cotidiana de las mayorías, el resentimiento que hoy alimenta a la ultraderecha perderá su eficacia simbólica y su poder movilizador.