Un informe de la microeconomía del transporte señala que el descuento anunciado para las tarifas del TAG podría incentivar un mayor flujo de vehículos en horas punta, elevando el costo efectivo de trayecto. La extensión de 20 meses en la concesión suma interrogantes sobre el equilibrio financiero del acuerdo.
La rebaja de entre un 10% y un 25% en las tarifas del TAG, anunciada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast como una medida de alivio económico para los automovilistas, abrió un intenso debate técnico. Un análisis especializado en microeconomía del transporte advierte que la reestructuración tarifaria podría desencadenar efectos no deseados: un incremento de la congestión vehicular en periodos de alto flujo y un aumento en el costo efectivo de los desplazamientos.
El fundamento de la advertencia radica en la función regulatoria que cumplen los peajes urbanos. En los sistemas concesionados, el cobro no solo amortiza la infraestructura, sino que gestiona la demanda vial mediante precios diferenciados. Al aplicar los mayores descuentos en los tramos de mayor tráfico, se genera un incentivo directo para que conductores que antes utilizaban rutas alternativas o circulaban en horarios diferidos opten por ingresar a la autopista en horas de alta demanda.
Según el informe, esta sobrecarga vehicular podría cruzar los umbrales de capacidad operativa y activar de forma reiterada la «tarifa de saturación», cuyo valor supera ampliamente a la tarifa punta. Bajo ese escenario, un descuento nominal sobre un cobro saturado podría terminar resultando más costoso para el usuario que la tarifa punta original previa a la modificación.
Impacto en la congestión y los plazos de concesión
El estudio subraya que el costo de desplazamiento no se limita al monto facturado en el pórtico. Un incremento en la densidad del tráfico conlleva externalidades negativas como mayor tiempo de viaje, consumo adicional de combustible y un aumento en las emisiones contaminantes por la circulación a baja velocidad.
A los cuestionamientos operativos se suma la dimensión financiera del acuerdo alcanzado con la empresa concesionaria, el cual contempla la extensión de 20 meses en el plazo de explotación privada de la infraestructura. La ampliación del contrato permite a la operadora continuar captando ingresos por un periodo prolongado, lo que —combinado con un eventual aumento en el flujo vehicular y la aplicación de tarifas de saturación— podría alterar significativamente la rentabilidad esperada del proyecto público-privado.
Frente a este escenario, especialistas y sectores del rubro concuerdan en la necesidad de transparentar los informes técnicos de la medida: publicar los cuadros comparativos de tarifas por tramos, esclarecer las condiciones de activación del cobro por saturación y detallar la evaluación de impacto fiscal que respaldó la prórroga de la concesión.
