Por Felipe Rojas C., Trabajador Social

El análisis del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, exige superar las lecturas puramente institucionales o coyunturales para lograr comprenderlo como un proceso de reestructuración capitalista profunda y disciplinamiento de clase. La intervención militar no representó únicamente un quiebre de la legalidad constitucional, sino una operación de contrarrevolución social orientada a desarticular la experiencia del poder popular desarticulando la memoria organizativa y la implantación de una nueva arquitectura sociolaboral al servicio de un renovado patrón de acumulación.

De la experiencia del poder popular al disciplinamiento represivo

El proyecto de la Vía Chilena al Socialismo impulsado por la Unidad Popular (UP) no solo implicó la estatización de áreas estratégicas de la economía (Área de Propiedad Social, APS), sino la emergencia de formas inéditas de poder territorial y fabril gestadas desde las bases trabajadoras.

Entre 1970 y 1973, la clase trabajadora chilena transitó de un rol pasivo o meramente reivindicativo a uno de carácter destituyente y constituyente. Expresiones como los Cordones Industriales ( Vicuña Mackenna, Cerrillos-Maipú) y los Comités de Producción y JAP representaron embriones de un doble poder o poder popular autoorganizado. En estos espacios, la clase trabajadora asumió la gestión directa de las unidades productivas, la distribución de abastecimiento frente al boicot patronal y la defensa territorial.

Para las élites económicas y las Fuerzas Armadas, el llamado Poder Popular no representaba una simple disputa salarial o un conflicto gremial; constituía un embrión de soberanía colectiva paralela capaz de cuestionar el principio fundante del derecho de propiedad privada sobre los medios de producción y desafiar la hegemonía del capital.

Frente a esta amenaza de la tasa de ganancia y al principio de propiedad privada, la dictadura civil-militar desplegó un terrorismo de Estado con un acentuado sesgo de clase. La violencia no se distribuyó aleatoriamente, dirigente sindicales, delegados de fábricas, líderes de la Central Única de Trabajadores (CUT) y militantes en los Cordones Industriales integraron prioritariamente las listas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y tortura sistemática.

Los centros fabriles y las poblaciones obreras (como La Victoria, San Ramón o Barrancas entre muchas más) sufrieron allanamientos masivos y ocupación militar prolongada, transformado el espacio de trabajo y convivencia en una zona de vigilancia disciplinaria permanente, dando cuenta que el terror territorial se constituyó en una práctica Estatal sistemática.

La fase destructiva del régimen (1973-1977) fue sucedida por una fase refundacional e institucional conducida por la tecnocracia de los Chicago Boys. El hito decisivo en la esfera del trabajo fue la promulgación del Plan Laboral de 1979, diseñado bajo la conducción del ministro José Piñera. Este cuerpo normativo operó como la contraparte jurídica de la represión física, institucionalizando la desarticulación del movimiento obrero bajo la dogmática del libre mercado.

El resultado definitivo de esta doble operación -represiva e institucional- fue la erosión de la identidad colectiva de clase y su sustitución por un modelo de individuación privatizada. La dictadura no solo modificó la legislación, sino que transformó radicalmente la subjetividad del trabajador chileno. La desarticulación de la gran industria y el posterior crecimiento del sector servicios debilitaron los lazos comunitarios e históricos que se gestaban en el taller y la fábrica.

Al privatizar la protección social mediante la financiarización de los derechos sociales, a través de mercados obligatorios (AFP en pensiones, Isapres en salud, educación arancelada), la subsistencia y el bienestar dejaron de negociarse como derechos colectivos frente al Estado o la patronal.

Y finalmente, el dispositivo de la deuda. El acceso al consumo y a la protección social pasó a depender del salario individual y de la expansión masiva del crédito de consumo. La figura del trabajador colectivo dio paso a la del altamente endeudado, un sujeto donde la urgencia financiera opera como un eficaz mecanismo de contención política y pacificación social.

En perspectiva, el primer eje del golpe de Estado de 1973 cumplió con éxito su cometido estructural; desmantelar el proyecto del poder popular y sentar las bases de una clase trabajadora fragmentada, disciplinada y jurídicamente contenida dentro de las exigencias de acumulación del capital neoliberal.

La clase trabajadora como archivo vivo

Tras el retorno a la democracia en 1990, la gestión estatal de la memoria histórica estuvo fuertemente condicionada por los marcos de la transición pactada. Esto generó una bifurcación entre dos modos divergentes de articular el pasado reciente.

Por una parte, la memoria institucional de conciliación, administrada por las élites políticas de la postdictadura, que priorizó la gobernabilidad y la cohesión social a través de una narrativa volcada hacia la reconciliación nacional. Promovió una visión despolitizada de las víctimas, presentándolas como sujetos pasivos de violaciones a los derechos humanos y despojándolas de su filiación ideológica, sus proyectos políticos y su pertenencia de clase. Bajo la doctrina de la “medida de lo posible”, la justicia transicional fue subordinada a la estabilidad de la matriz económica neoliberal heredada.

Por otra parte, la memoria resistente y popular, preservada en las poblaciones, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (AFDD, AFEP), organizaciones de sobrevivientes y colectivos. Esta memoria insiste en reivindicar a las víctimas en su calidad de militantes, dirigentes obreros y cuadros políticos. Para este sector, la memoria no es un monumento al dolor, sino una herramienta de lucha presente contra las desigualdades estructurales e impunidades biológicas e institucionales.

En este sentido, uno de los fenómenos más complejos de la postdictadura chilena ha sido la invisibilización del sesgo de clase en la represión. Mientras que las comisiones de verdad y los grandes hitos de la memoria oficial centraron su atención en los aspectos normativo-represivos de la dictadura, se operó un desglose entre la represión política y la reestructuración económica.

La narrativa dominante desarticuló la relación causal entre el terrorismo de Estado y la implantación del modelo neoliberal. Raras veces la memoria estatal problematizó cómo el exterminio de la vanguardia sindical fue la condición de posibilidad para la privatización de los bienes comunes y la precarización del trabajo.

De igual manera, la política del confinamiento de la memoria a lo monumental, tendió a especializarse en museos y monumentos institucionalizados, donde el relato se centra en los derechos individuales universales. Si bien este enfoque ha sido clave para la denuncia del horror, tendió a desligar la violación de los derechos humanos de la resistencia territorial de los Cordones Industriales y las organizaciones fabriles de base.

En el debate político contemporáneo la disputa por la memoria histórica lejos de cerrarse, se ha reactivado. El uso del relato sobre 1973 por parte de los sectores dominantes busca deslegitimar las demandas actuales de redistribución del poder socioeconómico, calificando el proyecto de la Unidad Popular como un “caos evitable” que justificó la intervención militar.

Frente a este revisionismo, la memoria del movimiento obrero opera como un dispositivo de continuidad histórica. Recordar el golpe de Estado de 1973 desde los ejes de la clase trabajadora implica entender que la lucha por los Derechos Humanos no culmina con el esclarecimiento de los crímenes del pasado, sino que se extiende al combate contra la precarización de la vida en el presente. La disputa por la memoria es, en última instancia, una disputa por la legitimidad de la huelga, la negociación colectiva por rama, el derecho a la salud y pensiones dignas, y la capacidad de las mayorías populares para determinar el destino político de la nación.

El proyecto neoconservador contemporáneo

El gobierno de José Kast encarna la convergencia entre el libertarismo económico y el conservadurismo social autoritario, una fórmula ideológica que retoma el espíritu refundacional de la dictadura militar pero adaptado a los marcos de las democracias formales del siglo XXI.

El ideario del Ejecutivo ubica la “libertad individual” y la “iniciativa privada” como rectores únicos del progreso socioeconómico. En esta visión, las mediaciones colectivas son leídas como distorsiones del mercado o trabas ideológicas al crecimiento económico. Asimismo, para sostener la desregulación económica en un escenario de desigualdad estructural, la agenda de gobierno sitúa el orden público, la seguridad ciudadana y la militarización del control territorial (especialmente en zonas del conflicto plurinacional o barrios populares) como los pilares de la legitimidad estatal, reeditando la retórica del control sobre el conflicto social.

La agenda del gobierno de Kast en materia de memoria representa una estrategia de deslegitimación y vaciamiento institucional de las políticas de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. La pugna ideológica se libra en diversos frentes del aparato público.

Mediante reasignaciones o cuestionamientos al uso de recursos públicos, se busca restringir el financiamiento a museos, archivos históricos, sitios de memoria (Villa Grimaldi, Londres 38, Estadio Nacional) y órganos autónomos de protección de derechos. Esto busca paralizar la pedagogía de los Derechos Humanos y la conservación del archivo histórico del terrorismo de Estado.

Asimismo, la relativización del terrorismo de Estado, en el despligue de un relato de “memoria completa” o “simetría histórica” que equipara la violencia ejercida por el Estado durante la dictadura con la violencia política pre o postdictatorial. Esta reescritura busca despojar al Golpe de Estado de su carácter criminal, presentándolo como una respuesta “excusable” frente a la crisis del período de la Unidad Popular.

Igualmente, la impugnación de las políticas de justicia transicional, mediante el apoyo explícito o concesión de beneficios penitenciarios a condenados por crímenes de lesa humanidad (de la DINA y la CNI) argumentando razones de edad o estado de salud, lo que consagra la impunidad de facto y vulnera los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

En perspectiva, el gobierno de José Kast sintetiza la continuidad histórica del proyecto contrarrevolucionario de 1973. Si la dictadura militar utilizó la fuerza bruta para erradicar al sujeto popular e instalar la matriz neoliberal, la agenda neoconservadora actual busca institucionalizar y naturalizar definitivamente esa matriz en la cultura política contemporánea.

Al debilitar la fuerza colectiva de la clase trabajadora y desmantelar el consenso democrático sobre la condena al golpe de Estado, el proyecto actual busca asegurar que el modelo de acumulación capitalista chileno permanezca inalterado frente a cualquier intento de transformación social futura. Por ello, la oposición a estas políticas no es una mera controversia partidaria, sino la reactivación de la disputa histórica por el sentido de la democracia, el rol del trabajo y la dignidad de la memoria popular en Chile.

La dialéctica de la memoria y la disputa incesante por el modelo chileno

Al examinar la trayectoria de cinco décadas desde el quiebre democrático hasta la coyuntura del gobierno de José Kast, se evidencia que la contrarrevolución de 1973 no fue un episodio episódico, sino un proceso refundacional de larga duración. La violencia de Estado ejercida contra los Cordones Industriales y la vanguardia obrera no tuvo únicamente por objetivo la contención del gobierno de la Unidad Popular, sino la extirpación radical de la capacidad del trabajo para disputar la dirección económica de la nación. La posterior promulgación del Plan Laboral de 1979 institucionalizó esa derrota, traduciendo el terror físico en una arquitectura jurídica orientada a la atomización sindical, la precarización contractual y la sustitución de la solidaridad de clase por la disciplina del endeudamiento individual.

En este marco, la disputa por los ejes de memoria adquiere una centralidad estratégica. La memoria colectiva de la clase trabajadora funciona como un dispositivo de resistencia crítica frente a los intentos de la elite por presentar el orden neoliberal como el único horizonte posible. Fomentar la despolitización de las víctimas o asfixiar presupuestaria e ideológicamente a los Sitios de Memoria no son medidas neutras; constituyen herramientas pedagógicas orientadas a naturalizar el status quo y desarticular las garantías de no repetición.

Es en esta intersección donde se inserta la significación del gobierno neoconservador actual. La agenda del Ejecutivo no representa un quiebre con la herencia dictatorial, sino la tentativa de su consolidación definitiva. Al combinar la profundización de la flexibilización laboral individualista con la revisión discursiva del terrorismo de Estado, la derecha republicana busca cerrar el ciclo de contestación social abierto en las últimas décadas, blinando el modelo de acumulación capitalista frente a cualquier proyecto de redistribución del poder socioeconómico.

En última instancia, el Chile actual sigue habitando el abismo abierto el 11 de septiembre de 1973. La encrucijada nacional no se reduce a una contienda electoral o a una disputa partidaria de corto plazo; es la colisión histórica entre un proyecto sociopolítico fundado en la mercantilización de la existencia, el disciplinamiento de las mayorías y el olvido institucional, y una praxis democrática sustentada en la centralidad del trabajo, la dignidad de la memoria viva y la restitución de la soberanía popular.