La entidad bancaria presentó la acción judicial tras detectar una falla en su plataforma digital que duplicó abonos de fondos mutuos. El imputado enfrentará cargos por los delitos de hurto por hallazgo y estafa al negarse a devolver el dinero.

Una querella penal por los delitos de hurto por hallazgo y estafa interpuso el Banco Itaú en contra de un cliente que recibió por error más de $154 millones de pesos en su cuenta corriente y procedió a transferirlos a terceros para evitar su restitución.

El origen del conflicto se remonta al 22 de diciembre de 2025, fecha en que el cliente solicitó el rescate de $130 millones provenientes de diversos fondos mutuos donde mantenía un saldo total de $169 millones. Tras concretarse la operación, un fallo informático en la aplicación móvil de la institución comenzó a duplicar de forma indebida las transacciones.

De acuerdo con el libelo presentado por la entidad financiera, en la cuenta del usuario se ingresaron el monto solicitado originalmente más una serie de abonos adicionales no correspondientes bajo el concepto de «rescate de fondos mutuos» por $85 millones. Con el paso de los días, la falla del sistema continuó registrando depósitos erróneos hasta acumular un saldo total a favor del cliente de $295.515.706.

De dicho monto total, $154.796.012 correspondían exclusivamente al dinero abonado de forma indebida producto del desperfecto tecnológico.

Maniobras para evitar la restitución de los fondos

Según acusa el banco, al percatarse de la duplicación constante de dinero, el cliente intentó realizar nuevos rescates de fondos pese a que el saldo real de su inversión ya se encontraba en cero, operación que fue frenada una vez que el área TI de la entidad corrigió la falla.

Para impedir que el banco reversara los abonos e incautara los fondos retenidos en la cuenta, el usuario habría fraccionado el capital erróneo para enviarlo en múltiples transferencias electrónicas a terceras personas.

Ante esta situación, Banco Itaú recurrió a los tribunales de justicia con el fin de establecer la responsabilidad penal del usuario y lograr la recuperación de los $154.796.012 transferidos sin derecho.