Por Jaime Bassa, Diputado y candidato al CC del FA; Ivo González, candidato a representante regional al CC del FA y Patricio Fredes, Dirigente portuario de San Antonio
San Antonio no puede seguir siendo tratado como si tuviera que elegir entre puerto o ciudad, entre empleo o medioambiente, entre crecimiento o comunidad. Esa falsa dicotomía no resiste el análisis ni la realidad local: el principal puerto de Chile ya ha reconocido en su propia política que su desafío es equilibrar eficiencia, sostenibilidad y bienestar social, y que su actividad debe ir de la mano con el desarrollo del territorio.
La discusión pública que necesita San Antonio no es si habrá o no puerto, sino qué puerto y para quién. El proyecto Puerto Exterior, ya aprobado ambientalmente en mayo de 2026, contempla una inversión público-privada de US$ 4.450 millones y, en régimen, permitirá movilizar hasta 6 millones de TEU al año, triplicando la capacidad actual del sistema portuario local. Estamos, por tanto, frente a una decisión de escala histórica: no solo una obra de infraestructura, sino una definición de futuro para la comuna, la provincia y el país. Ese crecimiento debe ir necesariamente acompañado del desarrollo de la provincia de San Antonio, evitando profundizar brechas y asegurando que los beneficios del proyecto se distribuyan de manera efectiva en el territorio.
Pero ese futuro no puede construirse desde la imposición ni desde la lógica del hecho consumado. En San Antonio existe una experiencia concreta que demuestra que el diálogo no es una consigna vacía: el acuerdo entre Puerto San Antonio y sindicatos de la pesca artesanal, alcanzado durante el periodo de gobierno anterior tras dos años de trabajo conjunto y 18 reuniones, abrió un camino para compatibilizar desarrollo portuario con protección de la actividad pesquera y de sus comunidades. Ese precedente importa, pero hoy también está en riesgo, lo que refuerza la necesidad de institucionalizar estos espacios más allá de coyunturas políticas.
El Estado tiene aquí un papel que no puede eludir. EPSA no es un actor más en disputa; es la empresa estatal llamada a traducir operativamente la visión pública, ordenar una conversación entre intereses legítimos y poner el interés general por sobre la fragmentación sectorial. Su propia política de sostenibilidad sostiene que debe participar activamente en el desarrollo de la comuna, promoviendo la calidad de vida y la relación ciudad-puerto, y reconoce que su tarea consiste en equilibrar protección ambiental y contribución al bienestar económico y social. Esa definición no puede quedar reducida a declaraciones: debe expresarse en gobernanza efectiva, diálogo permanente, obligaciones concretas hacia la ciudad y también en mecanismos que aseguren representación efectiva de la provincia en su directorio.
La evidencia también muestra que el conflicto no es entre crecimiento y ambiente, sino entre modelos de desarrollo. San Antonio ya conoce las tensiones que surgen cuando el territorio siente que se le exige sacrificar sus ecosistemas para expandir infraestructura; el caso de Ojos de Mar y el debate sobre su protección reflejan justamente que la comunidad no acepta un desarrollo que ignore humedales, borde costero y calidad de vida. Por eso, el desafío no es minimizar esas preocupaciones, sino integrarlas desde el inicio como parte del diseño del proyecto y de la ciudad.
De hecho, el propio Puerto San Antonio afirma que el Puerto Exterior fue concebido como una oportunidad para proyectar una nueva relación ciudad-puerto basada en el diálogo, el respeto al medioambiente y el impacto positivo en las comunidades. Esa promesa obliga. En la ejecución misma del proyecto, deben agotarse todos los esfuerzos para disminuir el impacto ambiental, priorizando el fortalecimiento de la relación puerto–ciudad–medioambiente por sobre cualquier ahorro económico de corto plazo.
Esto es particularmente relevante en un punto sensible: la construcción del molo de abrigo. Organizaciones ambientales han levantado alertas sobre los posibles efectos de esta obra en el ecosistema costero y en las comunidades que dependen de él. Por eso, la exigencia debe ser clara: en la construcción del molo de abrigo deben utilizarse todas las alternativas técnicas y operativas disponibles para minimizar el impacto ambiental y resguardar a las comunidades, tanto durante las faenas como en los efectos permanentes que la obra genere una vez concluida. No se trata solo de cumplir formalmente con la RCA, sino de demostrar que es posible una gran infraestructura sin sacrificar el entorno ni la calidad de vida local.
Si el proyecto aspira a ser una obra país, también debe ser una obra territorialmente justa: con participación real, medidas ambientales robustas, protección efectiva del entorno y beneficios tangibles para quienes habitan San Antonio.
En ese marco, la nueva etapa de concesiones abre una oportunidad que no puede desperdiciarse. No basta con ampliar capacidad; hay que construir un estándar distinto de desarrollo portuario, donde el primer puerto de Chile empuje una transición hacia una ciudad sostenible y una provincia que se desarrolla con él. Eso implica también que, durante la construcción y operación, se generen encadenamientos productivos reales con actores económicos locales, dinamizando la economía del territorio y evitando que el impacto económico se concentre fuera de la zona. Exige, además, que el puerto deje de mirarse solo a sí mismo y se reconozca como parte de una comunidad más amplia, con trabajadores, pescadores, vecinos, organizaciones sociales y autoridades locales.
San Antonio merece una estrategia de largo plazo que no administre conflictos, sino que los transforme en acuerdos. Y eso empieza por asumir una verdad simple: no hay puerto fuerte sin provincia fuerte, ni ciudad digna sin una relación honesta, activa y permanente entre el puerto y su gente.
