Por Paula Rosso, Psicóloga clínica y Educacional y Consejera Regional.
¿Qué hace que una sociedad sea verdaderamente libre? Durante años se nos dijo que bastaba con el esfuerzo individual: estudiar, trabajar y competir para salir adelante. Sin embargo, basta enfrentar una enfermedad, perder el empleo o asumir el cuidado de un familiar para comprender que existen riesgos que nadie puede enfrentar completamente solo. La verdadera libertad no consiste únicamente en que el Estado intervenga lo menos posible; consiste en que todas las personas puedan vivir con dignidad y proyectar su futuro sin miedo permanente.
Durante décadas Chile organizó buena parte de sus políticas públicas bajo la lógica del Estado subsidiario. En la práctica, ello significó trasladar a las familias buena parte de los riesgos de la vida. Estudiar implicó endeudarse mediante el Crédito con Aval del Estado; las pensiones quedaron sujetas al ahorro individual administrado por las AFP; el acceso oportuno a la salud dependió, muchas veces, de la capacidad de pagar un plan de Isapre. Así, derechos fundamentales terminaron dependiendo más del ingreso que de la condición de ciudadano.
El Estado de bienestar propone una lógica distinta. No significa un Estado que lo haga todo, sino uno capaz de garantizar derechos básicos para que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Educación, salud, cuidados o pensiones dignas no son privilegios: son condiciones que reducen la desigualdad, fortalecen la confianza y permiten vivir con mayor tranquilidad.
No existe un único modelo. Los países nórdicos representan un horizonte por sus altos niveles de bienestar y cohesión social. Pero también hay experiencias más cercanas. Uruguay ha demostrado que, incluso en América Latina, es posible fortalecer la protección social y consolidar instituciones públicas ampliamente valoradas por la ciudadanía. España, por su parte, muestra cómo la inversión sostenida en salud, educación y derechos sociales puede transformar la vida de millones de personas. Ninguno de estos países es perfecto, pero todos entendieron que el bienestar colectivo requiere un Estado con capacidad para financiar derechos mediante un sistema tributario justo. Chile no necesita copiar modelos; necesita decidir qué país quiere construir.
Durante el gobierno anterior comenzó a abrirse una discusión sobre ese camino. El Sistema Nacional de Cuidados, el fortalecimiento de la salud pública y una mayor preocupación por la salud mental expresaban la convicción de que el bienestar no podía seguir dependiendo exclusivamente de la capacidad de pago de cada familia. Era un proceso aún incompleto, pero apuntaba a ampliar derechos y reducir desigualdades.
Por eso, la reciente rebaja del impuesto corporativo no puede entenderse como una simple medida económica. Es una decisión política que reduce la capacidad del Estado para financiar educación, salud, vivienda, cuidados y protección social. Cuando disminuyen permanentemente los ingresos públicos, también disminuyen las herramientas para garantizar derechos. Y esa decisión no afecta a todos por igual: quienes pueden acceder a soluciones privadas seguirán haciéndolo; quienes dependen de los servicios públicos enfrentarán un Estado con menos capacidad para responder.
La historia demuestra que ningún derecho social nació de la resignación. Fueron comunidades organizadas, sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas, organizaciones de mujeres y tantas otras expresiones de la sociedad civil las que impulsaron los grandes avances en educación, salud y protección social. Allí donde las personas se organizan para cuidar de los demás, la democracia deja de ser una promesa y comienza a transformar la vida cotidiana.
Hoy necesitamos recuperar esa convicción. Defender un sistema tributario justo no significa defender impuestos por los impuestos. Significa defender la posibilidad de financiar aquello que compartimos: la escuela de nuestros hijos, el consultorio de nuestro barrio, los cuidados de nuestros adultos mayores y las oportunidades de quienes nacen con menos. En definitiva, significa comprender que una sociedad más justa no se construye dejando a cada persona enfrentar sola los riesgos de la vida, sino fortaleciendo aquello que somos capaces de hacer en común.
Porque la desigualdad no es un destino. Es el resultado de decisiones políticas. Y las decisiones políticas pueden cambiar cuando una ciudadanía consciente, organizada y solidaria decide construir un país donde el bienestar deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho. La tranquilidad no llega sola. La tranquilidad también se construye.
