A través de una dura carta abierta, la Directora de Atención Primaria de Salud (APS), Evelyn Slimming, hizo pública su renuncia no voluntaria tras denunciar hostigamiento y violencia laboral por parte de Juan Patricio Castro Gallardo. El caso ya está en Contraloría y bajo investigación de la Ley Karin, sumándose a imputaciones por vulneración de exclusividad e irregularidades con gremios.
Una profunda convulsión interna enfrenta el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) luego de que salieran a la luz graves acusaciones de maltrato laboral, eventuales faltas a la probidad e irregularidades administrativas dirigidas contra su Director Subrogante, Juan Patricio Castro Gallardo.
El detonante principal fue la difusión de una carta abierta de Evelyn Slimming Cáceres, Matrona, Magíster en Alta Dirección Pública y hasta hace pocos días Directora de Atención Primaria de Salud (APS) del servicio. En el documento, la profesional denunció haber sido víctima de un patrón sistemático de «maltrato, hostigamiento y discriminación arbitraria» por parte de Castro Gallardo desde febrero de 2026.
De acuerdo con el testimonio de Slimming —quien accedió al cargo por concurso ADP—, los hechos fueron formalmente denunciados el 9 de febrero de 2026 ante la Contraloría General de la República y el 10 de febrero ante la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el marco de la Ley Karin.
Según acusa la profesional, tras activar los canales institucionales sufrió descalificaciones a su labor y represalias que afectaron severamente su salud física y mental, culminando en julio con la solicitud de su renuncia no voluntaria por «pérdida de confianza» mientras se encontraba con licencia médica. Con esta acción, ya se contabilizan tres denuncias formales por maltrato laboral ingresadas contra la autoridad subrogante.
Faltas a la probidad y pactos irregulares
A la crisis por clima laboral se añaden serios cuestionamientos jurídicos y administrativos respecto al desempeño de Juan Patricio Castro al mando del SSVSA.
Por un lado, se acusa un eventual incumplimiento al Régimen de Dedicación Exclusiva establecido en la Ley N° 19.882 y estatutos del derecho público chileno, al haber realizado presuntamente labores remuneradas paralelas. De comprobarse por los organismos de control, la situación constituiría una infracción directa al principio de probidad administrativa, catalogada como una falta grave.
Asimismo, antecedentes internos apuntan a la existencia de posibles acuerdos e interacciones irregulares entre la dirección y directivas de asociaciones gremiales. Según se denuncia, dichas negociaciones habrían buscado conceder o mantener privilegios y prerrogativas equiparables a cargos directivos a cambio de apoyos al interior del servicio, comprometiendo la imparcialidad en la gestión de la salud pública regional.
