Por Bastián Abarzúa Hernández, Enfermero y Militante FA

El debate demográfico ha vuelto con fuerza tras confirmarse que los nacimientos en Chile disminuyeron un 46,9% en los últimos 32 años, llegando a un histórico suelo crítico de 1,03 en 2024, según datos del INE. La baja natalidad no responde a un desinterés individual, sino a barreras materiales que dificultan la crianza. En este contexto se anuncia el plan de gobierno “Chile Renace”, una propuesta que pretende enfrentar la histórica caída mediante bonos e incentivos económicos aislados. Sin embargo, pretender que la decisión de traer nueva vida al mundo dependa de un cheque coyuntural, mientras en paralelo se promueve el recorte presupuestario y el achicamiento del Estado, es una contradicción que ya ha fracasado en los laboratorios demográficos del Este de Asia y Europa Oriental.

La crisis de la natalidad en Chile no es un problema de “desarticulación moral de la familia”, sino el síntoma directo de un modelo neoliberal que se ha encargado de privatizar cada aspecto de nuestra existencia. Bajo este diseño, la capacidad económica condiciona de forma brutal el acceso real a una educación de calidad, una salud oportuna, una vivienda digna o pensiones que no signifiquen miseria. Cuando los derechos sociales más elementales quedan entregados al mercado, la crianza deja de ser un proyecto de vida realizable en comunidad para transformarse en un factor de altísimo riesgo financiero. Las generaciones jóvenes no postergan la fertilidad por egoísmo o desinterés; lo hacen porque criar en un sistema privatizado se ha vuelto prohibitivo.

Los subsidios tienen impactos efímeros si no se altera la estructura de incertidumbre material que rodea a las familias. ¿Cómo se puede incentivar la natalidad si el mercado inmobiliario desregulado sigue marginando a las familias trabajadoras hacia las periferias? ¿Cómo pedirle a las personas que asuman el desafío de la crianza si enfermarse, educarse o envejecer implica el peligro latente del endeudamiento crónico? Esta misma lógica mercantil e instrumental se evidenció claramente en la propuesta de Sala Cuna Universal del gobierno de Kast, que pretendió financiar este derecho echando mano a los fondos del Seguro de Cesantía. En la antesala de una crisis laboral, la respuesta gubernamental terminó debilitando la protección de la clase trabajadora y desmantelando la infraestructura pública histórica de cuidado infantil, como JUNJI y la Fundación Integra.

Para revertir este invierno demográfico es urgente pasar de la lógica de la capitalización individual hacia la construcción de un sistema nacional y colectivo de cuidados. Resolver la crisis de la natalidad no se logra administrando la escasez ni echándole mano al bolsillo de las y los trabajadores. Exige entender que no se puede pedir vida donde solo se ofrece incertidumbre.

La sostenibilidad demográfica no florecerá desde bonos coyunturales ni slogans de gobierno, sino desde un verdadero sistema que garantice certezas materiales en vivienda, salud y tiempo. Solo cuando criar deje de ser un riesgo financiero y el Estado vuelva a proteger lo común, sembrar futuro en Chile dejará de ser una heroicidad para volver a ser una opción deseable, plena y colectiva.