El parlamentario por el Distrito 7 fiscalizó al Ministerio de Educación tras denuncias de apoderados y trabajadores de la Región de Valparaíso, quienes fueron notificados de la suspensión con solo minutos de anticipación al inicio de la jornada escolar. Exigen explicaciones sobre los protocolos de emergencia y un catastro del daño en la infraestructura escolar.
Una dura ofensiva fiscalizadora inició el diputado por la Región de Valparaíso, Jaime Bassa Mercado (Distrito 7), tras solicitar formalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados expedir un oficio de fiscalización dirigido al Ministerio de Educación y a la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso. La acción busca Transparentar los criterios técnicos y administrativos utilizados para suspender las actividades escolares durante las emergencias climáticas que han golpeado a la zona.
La medida surge tras las reiteradas denuncias presentadas por diversas comunidades educativas y la consejera regional Paula Rosso, quienes acusaron graves fallas de coordinación e improvisación institucional por parte de las autoridades locales. Según se expone en el documento, se registraron avisos de suspensión de clases comunicados de forma extemporánea, notificando a apoderados, docentes y asistentes de la educación con escasos minutos de anticipación a la hora de ingreso escolar.
«Esta falta de oportunidad en el aviso no solo obstaculiza el objetivo preventivo de la medida, sino que genera graves trastornos logísticos, exponiendo innecesariamente a toda la comunidad a traslados bajo condiciones meteorológicas adversas», advirtió el parlamentario en el escrito.
Exigen catastro de daños y explicaciones por avisos tardíos
A través del requerimiento legal, el legislador solicitó a la autoridad del Mineduc detallar los protocolos vigentes, canales oficiales y los plazos mínimos de notificación que se exigen para avisar a los sostenedores y a las familias antes del arranque de la jornada. Asimismo, exigió identificar la cadena de toma de decisiones y los responsables que derivaron en los avisos tardíos durante los recientes frentes de mal tiempo.
En materia de infraestructura, el oficio solicita un informe detallado con el catastro del estado estructural de los establecimientos educativos que hayan sufrido inundaciones, fallas graves o voladuras de techos, diferenciando entre colegios dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), municipales y particulares subvencionados.
Finalmente, Bassa requirió conocer los planes de contingencia, proyectos de conservación de emergencia y las coordinaciones presupuestarias sostenidas con el Gobierno Regional (GORE) para destinar fondos a la reparación y mitigación de escuelas vulnerables, garantizando así un retorno seguro a las aulas en lo que resta de la temporada invernal.
