Por Felipe Rojas C., Trabajador Social
En el vocabulario político de la modernidad hegemónica, la palabra “paz” ha sido objeto de una sistemática operación de captura ideológica. El constitucionalismo liberal y la gobernanza tecnocrática han homologado conceptualmente la paz a la noción de orden público, obediencia legal y estabilidad de los mercados. Bajo esta perspectiva procedimental, la paz se define de manera puramente negativa, es la ausencia de conflicto aparente. Esta definición esconde un carácter profundamente opresivo, pues pretende clausurar la historia y eternizar las asimetrías estructurales de poder, exigiendo a los sectores populares que toleren el despojo y la explotación a cambio de una falsa armonía civil. La paz liberal es, en su raíz, la pacificación forzada de los subalternos. El Chile actual, bajo la administración de Kast, escenifica de manera prístina esta captura semántica. La retórica oficial del gobierno ha entronizado la “paz” no como el fin de las inequidades materiales que detonaron la crisis social del país, sino como el restablecimiento punitivo del orden mediante la fuerza. Bajo este diseño reaccionario, la paz se vacía de contenido transformador y se reduce a la vigilancia, la normalización del libre mercado y la “pax armada”, donde cualquier impugnación al modelo socioeconómico es catalogada inmediatamente como una declaración de guerra contra el Estado.
La agenda de su administración, caracterizada por la flexibilización radical de las normativas ambientales en favor del capital corporativo y la centralización punitiva a través del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, devela los mecanismos contemporáneos de la pacificación forzada. Al desplazar las soluciones políticas en la Macrozona sur o en las fronteras del norte por el uso sistemático de Estados de Excepción y la militarización de los conflictos, el Ejecutivo chileno convierte la ley en un dispositivo de congelamiento social. No se busca la resolución metabólica de las deudas históricas del país, se busca el silenciamiento preventivo de los síntomas del despojo mediante la arquitectura de las una “pax armada” corporativa.
Frente a esta concepción estática y mortuoria de las relaciones sociales, el presente artículo propone la fundamentación de una ontología de la paz viva. Se argumenta que la paz verdadera no puede ser la parálisis que impone la burocracia de las élites, sino un proceso metabólico, dinámico y agonal de realización de la justicia material. La paz viva no niega el conflicto, al contrario, lo asume como la condición de posibilidad para la regeneración democrática y la homeostasis social.
El orden como violencia latente
Para edificar una ontología de la paz viva, es imperativo desmantelar primero el mito liberal de la paz social. Las teorías del pacto social (desde Hobbes hasta el liberalismo contemporáneo) postulan que el paso del estado de naturaleza al estado civil exige la delegación del monopolio de la fuerza en el Estado a cambio de seguridad y orden. En este diseño, la paz se reduce al acatamiento de la ley positiva. Sin embargo, esta formulación omite que la ley misma suele ser la formalización institucional de una violencia originaria, la violencia del despojo de tierras, de la explotación económica y de la exclusión política.
Benjamin, clarifica esta dinámica al distinguir entre la “violencia instituidora de derecho” y la “violencia conservadora de derecho”. La paz liberal pertenece a esta última categoría, es una estructura legal que utiliza el monopolio de la coacción para congelar las relaciones de dominación existentes. Cuando las élites exigen paz ante una protesta popular, lo que realmente demandan es la continuidad silenciosa de la injusticia.
En la praxis del gobierno de Kast, esta “violencia conservadora de derecho” se materializa en la normalización de los Estados de Excepción Constitucional y la militarización del territorio, especialmente en la Macrozona Sur y las fronteras del norte. La ocupación de las zonas en conflicto por fuerzas militares y el endurecimiento punitivo de la legislación penal penalizan la disidencia y el legítimo reclamo por la restitución de tierras ancestrales. Al catalogar la legítima resistencia de las comunidades de abajo como “terrorismo”, el aparataje estatal busca congelar por la fuerza las asimetrías de propiedad y poder.
La paz del consenso liberal es, en última instancia, lo que Camara denominaba “la paz de los cementerios” o “la primera violencia”, la violencia estructural de la miseria y el silenciamiento que, al estar normalizada y codificada en las leyes, no se percibe como tal hasta que los de abajo deciden rebelarse. Por lo tanto, aceptar la paz liberal no es un acto ético de convivencia, sino la capitulación ontológica ante un orden que anula la subjetividad plebeya.
La ontología de la paz viva se desmarca de cualquier abstracción idílica y se define como una praxis material. Para la filosofía de la liberación sudamericana, la paz no es un estado contemplativo ni un acuerdo procedimental, es el resultado concreto de la transformación de las estructuras materiales que producen la opresión. No hay paz posible allí donde hay hambre, despojo territorial o tutelaje político.
Freire sostiene que la paz solo se crea con la liberación de los sujetos, la cual nunca es el resultado de una concesión generosa de los opresores, sino de la acción consciente y transformadora de los propios subalternos. Bajo esta premisa, el conflicto social no es el enemigo de la paz, sino su precondición indispensable. La conflictividad es la herramienta mediante la cual los oprimidos fracturan el monólogo del poder hegemónico para obligarlo a ceder terreno en la distribución de la riqueza y las decisiones soberanas. Esta premisa choca frontalmente con la agenda desmovilizadora del Ejecutivo chileno, que ha intentado asfixiar el derecho a la protesta mediante la persecución ideológica de organizaciones sociales y el desmantelamiento de los espacios de negociación colectiva. Al suprimir el conflicto legítimo de la esfera pública, el gobierno de Kast pretende hacer creer que el silencio de los sectores populares equivale a la pacificación social. Sin embargo, frente al abandono social derivado de la profundización del modelo neoliberal de mercado, la paz positiva se defiende en los espacios territoriales en los que levantan una paz viva contra el disciplinamiento estatal.
Por consiguiente, la paz viva es una paz positiva. Mientras que la paz negativa se obsesiona con acallar las voces disidentes para mantener la quietud, la paz viva se mide por el grado de inclusión, autogestión y soberanía que los sectores populares ejercen sobre sus propios territorios y vidas. Es una paz que se conquista y se defiende en la arena agonal de la historia.
Las tensiones del poder soberano como flujo vital comunitario
Si el conflicto es el metabolismo social y la paz viva es su manifestación saludable, la nueva institucionalidad popular debe estructurarse para albergar y canalizar las tensiones en lugar de eliminarlas. El gran error de la democracia liberal es haber creído que las instituciones deben ser cámaras asépticas donde el conflicto desaparece. La institucionalidad plebeya de abajo hacia arriba invierte este principio, asume que la comunidad se fortalece a través de la discusión abierta, la contradicción permanente y el reajuste dinámico de sus fuerzas internas.
Esta idea conecta de manera directa con las tesis sobre el pluralismo radical de autores contemporáneos. La paz viva requiere la existencia de un espacio público donde el conflicto pueda expresarse de forma democrática y agonal, evitando que degenere en una guerra destructiva. En las asambleas populares, los presupuestos participativos y los consejos comunitarios, el poder no se estabiliza de una vez y para siempre, se somete a una constante deliberación colectiva.
La homeostasis social encuentra aquí su expresión política. La paz viva es el equilibrio inestable de un cuerpo en movimiento. Las tensiones internas de una comunidad organizada, las disputas sobre las prioridades económicas, la planificación del hábitat o la elección de voceros, no debilitan el lazo comunitario, por el contrario, lo cohesionan. Cuando el pueblo participa activamente en la resolución de sus propias contradicciones, el tejido social se vuelve denso y resiliente, inmunizándose contra los intentos de fragmentación del mercado y contra la retórica demagógica de la ultraderecha.
El destino de los procesos democráticos populares depende de su capacidad para romper las categorías semánticas impuestas por las élites. La democracia no puede seguir siendo sinónimo de delegación tecnocrática, el derecho no puede seguir operando como la jaula de la inmovilidad social, y la paz no puede seguir confundiéndose con el silencio impuesto por el poder.
Avanzar hacia una ontología de la paz viva implica asumir que una sociedad verdaderamente democrática es una sociedad metabólicamente despierta, es decir, una sociedad que ha decidido reclamar su derecho al conflicto como la máxima expresión de su derecho a existir. Hoy, bajo el asedio del gobierno de Kast, la paz viva se convierte en la trinchera definitiva donde los de abajo no solo resisten la ofensiva reaccionaria de la ultraderecha, sino que prefiguran un orden social radicalmente distinto. En este nuevo horizonte, los pueblos ya no habitan el mundo de manera pasiva como meros objetos de administración económica o biopolítica, ser erigen en los artífices permanente de su propia emancipación, demostrando que la vida comunitaria solo se preserva allí donde el poder soberano se disputa, se comparte y se ejerce de manera directa y colectiva de abajo hacia arriba.
