Las bancadas del Frente Amplio, PC, PS, PPD, PL y la DC buscan esclarecer la solicitud de información reservada a la PDI por parte de la exsecretaria de Estado. Parlamentarios emplazaron al Ejecutivo a dar explicaciones y no descartan presentar una Acusación Constitucional.
Una fuerte ofensiva fiscalizadora anunciaron de forma conjunta las bancadas de diputados de oposición, compuesta por el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana. Los parlamentarios confirmaron que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara Baja, luego de que la Contraloría General de la República advirtiera formalmente que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus facultades legales al solicitar información de carácter reservado a la Policía de Investigaciones (PDI).
La iniciativa legislativa busca determinar el alcance de las gestiones de la exautoridad y exigir que el Ejecutivo rinda cuentas públicas por estos hechos. Desde el Congreso Nacional, la diputada Tatiana Urrutia (FA) defendió el rol de la corporación en el caso: «Si hoy Chile sabe que la exministra de Seguridad Pública cometió una ilegalidad es porque este Congreso está ejerciendo su labor fiscalizadora. Por ende, hemos decidido conjuntamente, todos quienes advertimos desde un inicio la falta de conducción, la falta de plan, pero también la falta de conocimiento de la ley, anunciar la Comisión Especial Investigadora».
Emplazamiento al Ejecutivo y foco en el crimen organizado
La parlamentaria enfatizó que el foco de la instancia estará puesto en las decisiones adoptadas por el palacio de La Moneda durante el desarrollo de la crisis. «Necesitamos que el Gobierno responda todas aquellas preguntas que se negó a responder en su momento, que deje de esconderse detrás de la PDI, que tuvo que venir aquí a dar explicaciones. Es el Ejecutivo a quien le corresponde dar cuenta de las decisiones que toma», recalcó Urrutia.
Asimismo, los legisladores descartaron que la conformación de esta instancia responda a un mero blindaje político o a una disputa electoral menor entre bloques. Según explicaron, la gravedad del asunto radica en que una ministra encargada del orden público e institucional se inmiscuyó directamente en un caso penal vinculado al crimen organizado.
Acusación Constitucional se mantiene «bajo evaluación»
Pese a optar en primera instancia por la vía de la comisión parlamentaria, el bloque opositor advirtió que no ha sepultado la opción de un juicio político. La viabilidad de presentar una Acusación Constitucional (AC) en contra de la exministra Steinert dependerá netamente del flujo de nuevos antecedentes que arroje la indagatoria.
«Necesitamos saber si el Gobierno supo de esto, qué hizo para resguardar el trabajo de las policías, por qué blindó a la ministra. Todo Chile fue testigo de que en medio de esta polémica salió el propio Presidente a blindar a la exministra», apuntó Urrutia, señalando que una vez despejadas estas dudas evaluarán activar otros mecanismos de la Constitución.
Por su parte, el diputado Jaime Araya (ind-PPD) justificó la prudencia del bloque para no ingresar de forma inmediata el libelo acusatorio, marcando distancia con otros sectores políticos: «Queremos hacer las cosas bien y no instrumentalizar, como hizo el Partido Republicano, Nacional Libertario, y Chile Vamos, la acusación constitucional. Tenemos que avanzar de manera responsable y no vamos a descartar, si hay antecedentes serios, una acusación constitucional», concluyó.
