El Segundo Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Constructora San Sebastián para resguardar la evidencia estructural de 170 viviendas. La defensa de la empresa acusa que si existen fallas constructivas, la responsabilidad es del Serviu por aprobar los diseños definitivos tras el megaincendio de 2024.

Un nuevo y complejo vuelco judicial sacude el proceso de reconstrucción habitacional tras el megaincendio que devastó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024. El Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió una solicitud prejudicial presentada por la Constructora San Sebastián y ordenó detener temporalmente las demoliciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en el emblemático sector de El Olivar, en la parte alta de la Ciudad Jardín.

La resolución, dictada por el magistrado Luis García, decreta como medida prejudicial probatoria la paralización total de las faenas de desarme y mandata la elaboración de un informe pericial independiente a cargo de un ingeniero o constructor civil, con el fin de evaluar en terreno el estado estructural de los inmuebles en disputa antes de que sean destruidos.

La disputa por las 170 viviendas de El Olivar

El conflicto escaló luego de que el Serviu de Valparaíso y el Minvu determinaran demoler un conjunto de 170 viviendas levantadas por la Constructora San Sebastián en el marco del plan de emergencia post-incendio. La medida gubernamental incluía 56 cuatripareos con alto nivel de avance, 84 cuatripareos con un 44% de ejecución y 30 pareos simples que promediaban entre un 22% y 27% de edificación.

La cartera de Vivienda fundamentó la drástica demolición argumentando el hallazgo de fallas estructurales graves que hacían inviable e insegura la continuidad de las obras. Sin embargo, la empresa cuestionó el criterio estatal y recurrió a los tribunales de justicia para solicitar la conservación inmediata de la evidencia material.

El abogado representante de la constructora, Jaime Barrientos, argumentó en su escrito que la destrucción total de las edificaciones por parte del Minvu generaría una pérdida irreversible de antecedentes técnicos, impidiendo demostrar en un juicio futuro el correcto cumplimiento de los contratos.

Responsabilidad del Estado

Tras el dictamen que obliga al Ejecutivo a congelar las demoliciones para dar paso al perito independiente, la defensa de la constructora apuntó directamente a la responsabilidad de los organismos técnicos del Gobierno en los errores del proyecto.

En declaraciones consignadas por el medio local Puranoticia.cl, el abogado Jaime Barrientos señaló que «la reciente resolución constituye un paso trascendental, ya que permitirá demostrar que

Constructora San Sebastián ejecutó el proyecto en estricto cumplimiento de lo aprobado por el Serviu». El jurista fue enfático en golpear la gestión pública: «Si existiera algún defecto en el diseño, la responsabilidad recae directamente en el Estado, toda vez que el propio Serviu emitió los certificados de calificación definitiva para los 12 contratos».

Con esta resolución, el plan de reconstrucción habitacional en la zona alta de Viña del Mar entra en una zona de total incertidumbre técnica y legal, postergando la entrega de soluciones habitacionales para las familias damnificadas mientras duren los peritajes en el terreno siniestrado.