La Fiscalía Sur y la PDI irrumpieron en las oficinas de Santiago Centro en el marco de la investigación que desarticuló una facción del megacartel llanero. La empleada bancaria es acusada de extorsión y explotación sexual, sumándose a un ejecutivo de Banco Santander también implicado en la red que lavó más de $75 mil millones.
En un operativo de alta repercusión institucional, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a un equipo de la Fiscalía Metropolitana Sur lideraron un exhaustivo allanamiento en las dependencias de una sucursal estratégica de BancoEstado en pleno centro de Santiago. Las diligencias se enmarcan en las pesquisas de la denominada «Operación Tokio», golpe policial que la semana pasada desmanteló una masiva estructura criminal dedicada al lavado de activos vinculada directamente a la organización transnacional Tren de Aragua.
Efectivos de la policía civil se desplegaron en las oficinas bancarias ubicadas en la intersección de las calles Huérfanos con Morandé. El procedimiento guarda directa relación con la reciente captura y formalización de una ejecutiva de cuentas de dicha entidad, identificada como Rossana Magdalena Blanco Blanco, quien operaba de manera encubierta prestando apoyo logístico y financiero a la banda delictual.
Extorsión y explotación sexual desde el banco
Los espeluznantes detalles del rol de la funcionaria estatal salieron a la luz pública durante la audiencia de formalización de cargos en contra de un total de 17 imputados clave dentro de la red. Según los antecedentes expuestos ante el tribunal de garantía, Blanco Blanco no solo facilitaba maniobras financieras internas, sino que además ejercía labores directas de extorsión en contra de las víctimas del Tren de Aragua en Chile y participaba de forma activa en la captación forzosa de mujeres destinadas a la explotación sexual y al comercio sexual de la banda.
La implicancia de Blanco expone un preocupante flanco de infiltración en el sistema bancario chileno, ya que se convirtió en la segunda profesional del sector en ser arrastrada por la investigación. En la misma causa penal se encuentra procesado José Carlos Pérez Asencio, quien se desempeñaba como ejecutivo en el Banco Santander y mantenía nexos directos de subordinación con el megacartel de origen venezolano, coordinando millonarios movimientos de divisas y transacciones para inyectar el dinero de origen ilícito al torrente económico formal.
Un millonario esquema de lavado de activos
La indagatoria de largo aliento desplegada por el Ministerio Público arrojó que el brazo operativo desmantelado a través de la «Operación Tokio» montó una de las mayores tramas de blanqueo de capitales registradas en los últimos años en el país. Los peritajes contables y de inteligencia financiera estiman de manera preliminar que el monto total de los dineros lavados e integrados fraudulentamente al mercado por esta facción criminal supera los $75.000 millones de pesos.
A esta hora, las autoridades continúan periciando los equipos computacionales incautados y la documentación contable extraída desde la oficina de Huérfanos para determinar si existen otros funcionarios bancarios implicados en la red de corrupción y favores del Tren de Aragua.
