Por Felipe Rojas C., Trabajador Social
“La participación no es un fin en sí mismo, sino el medio por el cual la clase trabajadora y los sectores populares se educan en el ejercicio del poder, superando la minoría de edad política a la que el sistema liberal los ha sometido”. Boaventura de Sousa Santos.
La democracia representativa tradicional, concebida bajo el pacto liberal, se fundamenta en la delegación del poder. En este modelo, el ciudadano transfiere su soberanía a un representante a través del voto, generando una brecha ontológica entre gobernantes y gobernados. Al establecer que la democracia no puede ser un “evento intermitente”, buscando superar la fetichización del voto en el modelo actual, la política se profesionaliza y se aleja de la vida cotidiana, convirtiéndose en una técnica de administración de lo existente. Esta “administración de la unidad nacional desde arriba” tiende a neutralizar el conflicto social en favor de una estabilidad que a menudo solo beneficia a las élites.
La democracia participativa en este sentido no persigue eliminar la representación por completo de forma inmediata, sino subordinarla a los intereses propios de las grandes mayorías. El tránsito implica que la legitimidad ya no emana únicamente de la legalidad de un proceso electoral, sino de la presencia constante del cuerpo social en la gestión de lo público.
Superar la Democracia de Élites.
La democracia representativa moderna se ha consolidado como un método para que los individuos acepten el liderazgo de otros. Bajo este esquema, la participación se reduce al “mercado electoral”. El tránsito planteado desde el modelo clásico liberal a un modelo participativo exige romper con ésta lógica de mercado para recuperar la noción de soberanía popular. Desde la perspectiva de Rousseau, la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. El tránsito hacia lo participativo rescata la idea de que en el momento en que un pueblo se da representantes, deja de ser libre. La profundidad de esta premisa, radica en que la “unidad nacional” impuesta desde arriba es, en realidad, una herramienta de control de la diversidad social, que no permite el accionar y deliberación de la otredad dentro de las sociedad modernas, cooptando la diferencia desde el aparato estatal y su andamiaje institucional.
Para autores como Antonio Negri, el paso a la participación es el paso del poder constituido (las instituciones estáticas) al poder constituyente (la capacidad viva de la multitud para crear norma). Participar no es “ayudar al Estado a gobernar”, sino ejercer una praxis que transforma la naturaleza misma del Estado.
La territorialización de la política.
Cuando la política se desprende de la abstracción del parlamento y se sitúa en la comuna o el centro de trabajo, ocurre lo que Boaventura de Sousa Santos denomina “demodiversidad”, en que las decisiones no se toman bajo métricas tecnocráticas, sino bajo el conocimiento de la necesidad tangible y situada. Al situar la toma de decisiones en el territorio, el funcionario es reemplazado por el vecino, eliminando la intermediación que tiende inevitablemente a la perpetuación de la casta administrativa.
La participación no debe detenerse en lo residencial, el desarrollo de la soberanía democrática debe diseminarse en los centros de trabajo, siendo vital, ya que mientras el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo (el trabajo), sea una dictadura privada, la democracia política será siempre una cáscara vacía. La gestión directa en las fábricas y empresas es el pilar económico que sostiene la soberanía política. La democracia representativa produce un sujeto pasivo, que no necesariamente reflexiona y dialoga respecto a sus necesidades, por ello el tránsito hacia la participación produce un sujeto pedagógico-político, como señala Paulo Freire en La Pedagogía del Oprimido, nadie libera a nadie, los hombres se liberan en comunión. La democracia participativa es la traducción política de está liberación.
La democracia liberal “merece perecer”.
Finalmente, es crucial abordar la idea de que la democracia actual “merece perecer”, no implicando a priori que sea un llamado al caos o autoritarismos varios, sino más bien al carácter reivindicativo de una democracia participativa, que se encuentra en constante movimiento con las necesidades de los sectores mayoritarios de nuestro país.
El conflicto social no es una patología que deba ser erradicada (como se asume en modelos democráticos representativos conservadores), sino el motor de cambio. La democracia participativa absorbe el cambio y lo institucionaliza a través del diálogo permanente y la toma de decisión colectiva.
El tránsito hacia este modelo exige una estructura que soporte la tensión entre lo local y lo nacional. No se trata de atomizar la sociedad en sectores aislados, sino de crear una red de poder soberano que se articule desde abajo hacia arriba.
Esta superación no es una negación abstracta, sino una profundización soberana, que permita que sectores amplios de nuestra sociedad, que históricamente han sido excluídos del campo político, social y cultural, asuman un rol activo y preponderante en los procesos sociales. En el fondo, se trata de crear una institucionalidad, que sea reversible (pueda revocar mandatos), rotativa (evite la profesionalización del poder), y vinculante (las grandes mayorías mandan).
Este tránsito podría asumirse como un proceso de descolonización del poder, al reclamar abiertamente el derecho a transformar la realidad, las mayorías sociales no solo están cambiando un sistema de gobierno; finalmente están recuperando su propia humanidad, fagocitada por la burocracia y la técnica de las élites.
