La empresa San Sebastián busca impugnar la decisión del Ministerio de Vivienda de terminar anticipadamente sus contratos y ordenar la demolición de viviendas. El conflicto, que escala a tribunales civiles, se suma a los recursos de protección presentados por vecinos y a las acusaciones cruzadas con el ministro Iván Poduje.

Lo que comenzó como una alerta por fallas estructurales se ha transformado en una compleja batalla legal. La Constructora San Sebastián, empresa que estaba a cargo de las obras de reconstrucción en el sector de El Olivar tras el megaincendio de 2024, presentó una millonaria demanda civil contra el Serviu Valparaíso y el Fisco de Chile.

La acción judicial surge como respuesta a la resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por el ministro Iván Poduje, de poner término anticipado a 13 convenios de construcción y ordenar la demolición de 56 viviendas debido a presuntas fallas críticas y uso de materiales no certificados.

Los argumentos de la empresa

La constructora busca que la justicia declare la ilegalidad de las resoluciones administrativas que derivaron en la cancelación de sus contratos. Desde la firma defienden su gestión y cuestionan los fundamentos técnicos utilizados por la autoridad para justificar una medida tan drástica como la demolición.

Este frente judicial se abre en paralelo a las acusaciones del ministro Poduje, quien semanas atrás denunció a la empresa ante la Fiscalía por poner en riesgo la integridad de las familias damnificadas. Por su parte, asesores técnicos vinculados a la obra han acusado recientemente al secretario de Estado de omitir informes clave que habrían permitido el reforzamiento de las estructuras en lugar de su destrucción total.

Un escenario judicial múltiple

El caso de El Olivar mantiene hoy tres frentes abiertos:

• Civil: La demanda de la constructora contra el Estado por el término de los contratos.

• Protección: Los recursos presentados por los propios vecinos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ya dio un plazo de 8 días al ministro Poduje para entregar los antecedentes que respaldan la demolición.

• Penal: La investigación en el Ministerio Público por el presunto uso de suministros falsos y negligencias en la administración de fondos públicos.

Mientras el caso queda en manos del Juzgado Civil de Valparaíso, la incertidumbre crece entre más familias de El Olivar, quienes ven cómo el conflicto administrativo y legal amenaza con dilatar aún más la entrega de sus soluciones habitacionales definitivas.