Hay un error político que se repite con demasiada frecuencia: creer que quienes hoy gobiernan actúan desde la ingenuidad o la improvisación. Esa lectura, además de cómoda, es peligrosa. Estamos frente a un sector con formación técnica, redes económicas y manejo del Estado. Incluso cuando aparecen contradicciones o cierto desorden comunicacional, eso no significa ausencia de conducción; a veces opera como una puesta en escena que baja la guardia del adversario, confunde el debate y permite avanzar en decisiones mucho más profundas.

Esa conducción se vuelve evidente cuando se dejan de mirar los discursos y se empieza a mirar los números. El alza de los combustibles no fue un hecho menor ni aislado: ENAP informó aumentos de $372 por litro en la gasolina de 93 octanos, $391 en la de 97 y $580 en el diésel. Vale aclarar que el MEPCO —el mecanismo creado para estabilizar los precios internos y amortiguar los shocks externos— no desapareció formalmente, pero fue debilitado en su capacidad de proteger al consumidor final. Cuando ese mecanismo pierde efectividad, el golpe llega más completo y más rápido. Traducido a la vida cotidiana, llenar un estanque de 45 litros puede significar hasta $26.000 adicionales en diésel o entre $17.000 y $18.000 de gasolina.

El problema no se limita a quienes tienen vehículo. El diésel mueve camiones, transporte público, alimentos, comercio, construcción y distribución. Cuando sube, no sube solo el costo del surtidor: sube toda la cadena de precios que sostiene la vida diaria. Ese aumento se expresa en el valor de mover mercadería, producir, repartir, transportar personas y abastecer territorios. El problema real, entonces, no es que suba la bencina: es quién termina pagando el ajuste.

La respuesta a esa pregunta aparece con claridad cuando se revisan los documentos internos del Ministerio de Hacienda. Mientras los combustibles golpean el bolsillo de las familias, el gobierno recomienda descontinuar programas esenciales en salud y educación. En salud, el listado incluye continuidad de cuidados en atención primaria, hospitalización domiciliaria, cuidados paliativos, salud mental, acceso odontológico, atención a adultos mayores con dependencia severa y el Plan Nacional de Demencia. Solo algunos de esos programas tenían gastos 2024 muy significativos: hospitalización domiciliaria con más de $82.000 millones, FOFAR —el fondo de farmacia de la atención primaria— con más de $51.000 millones, y cuidados paliativos con más de $28.000 millones.

No estamos hablando de grasa del Estado. Estamos hablando de medicamentos para enfermedades crónicas, atención domiciliaria, cuidados al final de la vida, salud mental, odontología y acompañamiento a adultos mayores. La discusión no es solo fiscal: es sanitaria, social y territorial.

En educación ocurre algo equivalente, pero con una dimensión aún más visible. El documento de Hacienda propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar, que entrega desayuno, almuerzo y once a cerca de dos millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad y que en 2024 significó M$972.442.660; y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, con M$165.409.192. También aparecen el PACE, la Beca Vocación de Profesor, programas de reinserción escolar, educación intercultural bilingüe y jardines infantiles. Además, se proponen rebajas en infraestructura educativa, becas, útiles escolares, aportes a universidades estatales y el Crédito con Aval del Estado.

No se está recortando un adorno presupuestario. Se está interviniendo una red de protección que permite que miles de familias sostengan su vida cotidiana. Cuando se toca la alimentación escolar, la educación pública, los jardines infantiles y la reinserción escolar, se retira al Estado de los lugares donde más se le necesita.

La pregunta, entonces, deja de ser técnica y se vuelve profundamente política: ¿el ajuste lo van a pagar los privilegiados, o lo va a pagar la gente común? Porque al mismo tiempo que se debilitan esos programas, el gobierno propone rebajar el impuesto corporativo del 27% al 23%, reintegrar el sistema tributario en beneficio de los dueños de grandes empresas, establecer invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones y crear condiciones para la repatriación de capitales a tasas rebajadas. Según una minuta de Nodo XXI, el beneficio potencial de solo cuatro de esas medidas para las 63 altas autoridades del gobierno analizadas podría llegar a $292.000 millones, equivalente al 11% de toda la meta de reducción del gasto público del 3% que el propio gobierno se impuso. En otras palabras: lo que se ahorra recortando programas sociales equivale, en parte, a lo que se transfiere en alivios tributarios a quienes ya tienen más.

El mensaje es claro: combustibles más caros para todos, programas sociales debilitados para muchos, beneficios tributarios para pocos. Eso no es solo una política económica; es una forma de entender el país y de decidir quién tiene espalda para resistir y quién queda expuesto.

Lo que está en juego no es únicamente un gobierno ni una coyuntura de precios. Es la capacidad de un sector de instalar un marco institucional y económico de largo plazo. Cuando ese diseño logra presentarse como «sentido común», ya no gobierna solo desde el Ejecutivo o el Congreso: gobierna también desde la cultura, desde la resignación y desde la idea de que no existe alternativa.

Por eso, la respuesta no puede reducirse a repetir la palabra «unidad» como si fuera una consigna mágica. La unidad sin contenido, sin claridad política y sin una idea de país puede producir una buena fotografía, pero no construye una fuerza histórica. Las ideas que cambian un país no nacen como eslóganes: se construyen en contacto con la experiencia concreta de las personas, con sus dolores, sus necesidades y sus esperanzas. La diferencia entre una consigna vacía y una idea con potencia histórica está en eso: en la capacidad de interpretar una necesidad profunda y darle forma política. La armonía no siempre nace de uniformar; nace de permitir que lo diverso encuentre un sentido compartido sin dejar de ser diverso.

Este momento exige algo más serio que subestimar al adversario o enamorarse de consignas. Exige construir una propuesta con profundidad social, sentido nacional y capacidad de convocar a personas distintas. Y eso implica recuperar una palabra que se usa mal: patriotismo. Ser patriota no es solo levantar banderas. Ser patriota es pensar en un Chile que avance sin dejar a nadie atrás. Es entender que el progreso no puede medirse únicamente por balances fiscales o por certezas para los grupos de mayor patrimonio, sino también por la vida concreta de las familias, de los niños que comen en la escuela, de los adultos mayores que necesitan cuidados y de quienes trabajan todos los días para llegar apenas a fin de mes.

Chile puede ordenar sus cuentas, sí. Pero no a costa de la farmacia de la atención primaria, de la alimentación escolar, de los cuidados paliativos ni del bolsillo de las familias trabajadoras. La responsabilidad fiscal es necesaria; lo que no puede ser es el disfraz elegante para trasladar siempre el costo hacia abajo. Un Chile que avance de verdad es uno que avance sin abandonar a quienes más necesitan al Estado.