La comunidad presentó un recurso de protección contra la decisión del Ministerio de Vivienda. Mientras el ministro Poduje afirma que los inmuebles tienen fallas estructurales graves, los residentes aseguran que los informes técnicos permiten el reforzamiento y no exigen la demolición de sus hogares.

El proceso de reconstrucción en el sector de El Olivar, tras los devastadores incendios, enfrenta un nuevo y complejo capítulo judicial. Un grupo de vecinos anunció la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones con el fin de paralizar la demolición de aproximadamente 50 viviendas, una medida recientemente confirmada por el Gobierno.

Versiones contrapuestas por informes técnicos

El conflicto estalló luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ratificara que los inmuebles deben ser derribados debido a deficiencias estructurales, constructivas y de seguridad frente a futuros incendios. Según el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, los estudios detectaron fallas graves que impiden garantizar la habitabilidad bajo la normativa vigente.

Sin embargo, los residentes de El Olivar desmienten esta necesidad extrema. Sostienen que, de los cuatro informes técnicos elaborados desde que se paralizaron las obras el pasado 18 de marzo, ninguno establece la demolición como la única salida. Por el contrario, los vecinos acusan que los antecedentes sugieren la factibilidad de reforzar las estructuras existentes, denunciando una «inconsistencia» entre la realidad técnica y la decisión política de la autoridad.

El rol del Serviu y el futuro de las familias

Ante la controversia, la autoridad regional informó que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) asumirá el control total del proceso dentro del plan de reconstrucción. El organismo deberá gestionar alternativas habitacionales para las familias afectadas, quienes se encuentran en la incertidumbre de perder sus estructuras originales para optar por nuevas soluciones estatales.

Este recurso judicial amenaza con retrasar los plazos de entrega en una de las zonas más críticas de la emergencia, poniendo una vez más sobre la mesa el debate sobre la calidad de la reconstrucción y la participación de los vecinos en las decisiones que afectan sus barrios.