La iniciativa, liderada por la diputada Ana María Gazmuri, beneficiaría a más de 550 mil deudores. El proyecto surge tras la admisión de la Tesorería sobre la dificultad de las familias para pagar pies de hasta un 20% para lograr convenios de pago.

Un nuevo proyecto de ley ha ingresado al Congreso Nacional con el fin de otorgar un respiro económico a miles de profesionales y familias chilenas. Se trata de la denominada “Ley Pago Justo del CAE”, una iniciativa que busca poner límites a los cobros compulsivos de la Tesorería General de la República (TGR) y ajustar las exigencias a la realidad económica actual.

El origen del conflicto

El debate cobró fuerza luego de que el pasado 6 de abril, la propia Tesorería reconociera que los convenios actuales exigen un pie inicial de entre el 10% y el 20% del total de la deuda, cifras que el organismo calificó como “muy complejas de pagar”. Pese a esta admisión, las condiciones se mantienen, lo que impide que miles de deudores puedan regularizar su situación sin caer en un ciclo de morosidad permanente.

“En este escenario difícil, recibimos un nuevo golpe con el inicio de cobros compulsivos sin considerar la capacidad real de las familias. Esto es injusto y abusivo”, afirmó la diputada Ana María Gazmuri (PAH), impulsora de la medida.

¿Qué propone la «Ley Pago Justo»?

El proyecto, que cuenta con un respaldo transversal en la Cámara de Diputadas y Diputados, establece cambios estructurales en la forma en que el Estado recupera estos montos:

• Capacidad de pago ajustada: Obliga a evaluar la situación socioeconómica real de cada deudor antes de exigir montos de repactación.
• Suspensión de cobros: Garantiza que se detengan las acciones de cobro mientras el deudor solicita o tramita un nuevo convenio.
• Exclusividad judicial: Propone que los cobros se realicen exclusivamente por la vía judicial para garantizar el debido proceso.
• Alivio económico: Contempla medidas de reducción de deuda y mayores facilidades de pago.

Un sistema «perpetuador» de deuda

Los legisladores advierten que el sistema vigente es rígido: si un deudor se atrasa apenas uno o dos meses por una emergencia, pierde el convenio y las nuevas exigencias para repactar son aún más altas. Con esta ley, se busca instalar una discusión amplia sobre una solución efectiva para los más de 550 mil afectados por el Crédito con Aval del Estado.