Harto se ha hablado durante el último tiempo sobre la educación, sobre la calidad de esta, la gratuidad y su condición pública.

Debemos partir señalando que hay un error conceptual en dicha discusión, puesto que efectivamente la educación no puede ser gratuita, sino que debe ser no arancelada y es que esta ya la pagamos por medio de los impuestos todos los chilenos, y por tanto es obligación del Estado asegurarnos este derecho vital para lograr una mayor igualdad y justicia social. Pagar un arancel, es por tanto, pagar dos veces por un mismo “servicio” y transarlo como un mero producto de mercado profundizando la vulgarización de la industria cultural.

Otro aspecto a considerar es cuál es la educación que debe costear el Estado, con esos recursos que a todos nos pertenecen, ¿la entregada por el mismo o la llevada a cabo como negocio por privados? La respuesta a esto es un tema que abordaremos en otra instancia.

Por último, y donde menos consenso existe, es sobre la calidad. Desde la derecha se culpó (una vez más) a los profesores como los responsables de la mala calidad de la educación en Chile. Que profesional podría rendir de buena manera con un sueldo miserable, trabajando horas extras impagas, al igual que sus cotizaciones, en condiciones laborales muchas veces deplorables, a cargo de entre 30 hasta 50 alumnos por sala, llevándote obligadamente trabajo a la casa (entre correcciones de pruebas, planificaciones, preparación de material y de clases, repaso de información, informes, entre otros). Por consiguiente los docentes en nuestro país pierden no solo calidad de vida, tiempo para ellos y su familia, si no que pierden su dignidad.

No queremos decir con esto que los profesores hagan mal su trabajo, pues a pesar de todo lo adverso, de que en la mayoría de los casos no cuentan con el apoyo de las familias de los estudiantes, hacen un trabajo honroso y admirable. Para una mejor calidad de la educación debemos partir con dignificar a nuestros profesores.

Partir por pagarles la deuda histórica (porque pareciera que el Estado espera que terminen de morirse todos), el bono SAE y posteriormente elevarles los sueldos al nivel de un ingeniero, un médico o un abogado. Aumentar las horas no lectivas, para evitar así el trabajo en casa y disminuir el número de ingreso de estudiantes a estas carreras, en especial en algunas casas de “estudios” que se han convertido en verdaderas factorías.

No se les puede pedir un esfuerzo más (como lo dijera Joaquín Lavín) sin antes devolverle un poco la mano al gremio al que tanto le debe Chile y al que tantas veces le ha dado la espalda.