La exfiscal asumirá la coordinación contra el crimen organizado en Asunción pese a mantener un frente abierto en la Cámara de Diputados, donde ha eludido comparecer presencialmente ante la Comisión Investigadora por actuar «fuera de la ley» según la Contraloría. El hito reabre el debate por el «reciclaje» de exautoridades cuestionadas.
Un intenso debate político desencadenó la confirmación oficial del Gobierno respecto al nombramiento de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, como nueva agregada de seguridad de Chile en Paraguay.
La designación, ratificada este martes desde el Palacio de La Moneda, encomienda a la ex autoridad la articulación de estrategias multilaterales contra el crimen organizado y el narcotráfico en el marco del «Compromiso de Santiago». Sin embargo, el anuncio reencendió las alarmas y críticas en el Congreso Nacional, al concretarse mientras Steinert mantiene severos flancos de fiscalización abiertos tras su turbulenta salida del Gabinete.
La controversia en Contraloría y el desplante al Congreso
Trinidad Steinert dejó la conducción de la cartera de Seguridad Pública tras poco más de dos meses de gestión, luego de que la Contraloría General de la República dictaminara que la entonces ministra actuó «fuera de la ley» al solicitar de manera irregular antecedentes e información a la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa reservada.
A raíz de dichos cuestionamientos, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora para determinar eventuales faltas a la probidad e irregularidades en su gestión. Sin embargo, hasta la fecha, la ex titular de Estado no ha comparecido presencialmente ante la instancia parlamentaria, sumando cuatro inasistencias consecutivas y optando por responder a las consultas legislativas mediante cuestionarios por escrito.
Cuestionamientos al «reciclaje» de autoridades de Gobierno
El retorno de Steinert al aparato estatal bajo un puesto clave en el exterior reabrió el flanco de cuestionamientos parlamentarios hacia el Ejecutivo por la práctica de reubicar o «reciclar» en el servicio diplomático y cargos de representación pública a exautoridades que debieron abandonar sus ministerios en medio de polémicas o bajo investigaciones de fiscalización vigentes.
Desde la oposición acusaron una señal de «blindaje político» por parte de La Moneda al otorgarle un destino internacional a una exministra que aún debe responder ante la fiscalización de la Cámara Baja por sus actuaciones al mando de la seguridad nacional. Por su parte, desde el Ejecutivo insistieron en respaldar la trayectoria de más de 20 años de Steinert como fiscal, argumentando que su perfil técnico resulta clave para el combate al crimen transnacional en el Cono Sur.
