El subsecretario de la Segegob y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, defendió la continuidad del titular de Justicia tras las rebajas de condenas por delitos sexuales. Además, emplazó a las bancadas aliadas a alinearse contra el libelo impulsado por la oposición, argumentando «coraje moral» y apego a la Constitución.

En medio de la profunda crisis política desatada por la concesión de beneficios carcelarios y rebajas de penas a personas condenadas por agresiones sexuales y delitos contra los derechos humanos, el Ejecutivo ratificó de manera categórica su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Desde el Palacio de La Moneda, la vocería de Gobierno descartó la salida del secretario de Estado y cerró filas en torno a la decisión adoptada por el Presidente José Antonio Kast de mantenerlo en sus funciones.

En entrevista con El Mercurio, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, abordó el complejo escenario tras asumir el cargo el pasado 21 de octubre, día en que se dio a conocer públicamente el otorgamiento de beneficios a 56 delincuentes sexuales. 

Al respecto, Arenas argumentó que la actuación del titular de Justicia estuvo enmarcada en el principio de legalidad. «Aquí tenemos un ministro que cumplió con la ley, cumplió con la Constitución y, por lo tanto, estaba ejerciendo sus funciones dentro del marco de lo que es su función como ministro de Justicia», aseveró la autoridad.

Asimismo, la autoridad apuntó a la construcción de una narrativa crítica en el debate público: «Para el Presidente hay un tema muy importante: a los ministros y la acción de Gobierno hay que juzgarlos por la realidad y no por las imágenes políticas que se construyen al fragor de los debates. Aquí se ha construido una imagen absolutamente injusta, de que existiría un ministro que anda liberando delincuentes, como una especie de gran dador de rebajas de penas», argumentó, añadiendo que, «despejado todo el bullicio político, encontramos que aplicó la ley, una mala ley, pero que tuvo que aplicarla y que está dispuesto a darle una solución de fondo».

«Coraje moral» y advertencia a las bancadas aliadas

Consultado por las consecuencias políticas y el impacto en el respaldo ciudadano que genera mantener a Rabat en la cartera, el subsecretario enfatizó que las decisiones del Ejecutivo no se rigen por sondeos de opinión pública. «Esas decisiones no se pueden evaluar por puntos más o menos de adhesión en las encuestas, porque son actitudes que reflejan coraje moral. Y el coraje moral no se mide por encuestas, sino por resultados», manifestó. En esa línea, sostuvo que el resultado de esta determinación se traducirá en un proyecto de ley que resuelva de forma definitiva la normativa que afecta a la infancia vulnerable.

Respecto a la acusación constitucional (AC) anunciada por la oposición en el Congreso Nacional, Arenas envió un directo mensaje a los partidos del oficialismo y sectores afines: «El Presidente no les está pidiendo lealtad a un Gobierno, les está pidiendo lealtad a la Constitución, porque aquí no se configura ninguna de las causales que permiten una acusación constitucional».

«Si se va a ejercer una labor parlamentaria seria, con lealtad a la Constitución y a su espíritu, ningún diputado de los que dicen apoyar al Gobierno podría votar a favor de algo que tiene errores humanos grandes y errores políticos grandes, pero que desde el punto de vista jurídico-administrativo no configura ninguna causal de infracción a las leyes o a la Constitución», recalcó el vocero.

Finalmente, el subsecretario catalogó como «muy buenos» los resultados del despliegue del Ejecutivo para frenar el libelo acusatorio. Según la autoridad, han sumado compromisos de apoyo en las bancadas oficialistas, además de sectores independientes como el Partido de la Gente (PDG) y parlamentarios de inclinación libertaria.