El Ministerio Público indaga un presunto delito de prevaricación administrativa tras una querella interpuesta por diputados oficialistas. Mientras el Ejecutivo ratifica al titular de la cartera y congela nuevos beneficios, el Gobierno coordinó agenda legislativa con la testera del Senado.
La crisis que enfrenta el Ejecutivo a raíz de la polémica por la concesión de beneficios carcelarios escaló con máxima gravedad este viernes, luego de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmara el inicio de una investigación penal en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de la misma cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público, los antecedentes fueron remitidos durante la jornada del jueves por el fiscal nacional, Ángel Valencia. Las diligencias investigativas quedaron bajo la dirección directa del fiscal Francisco Jacir, quien coordinará su labor junto al equipo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada de la jurisdicción.
El objetivo de la causa penal será determinar si las actuaciones de las autoridades ministeriales se enmarcan en figuras delictivas y establecer las eventuales responsabilidades penales derivadas de la firma de decretos que permitieron la excarcelación de condenados por delitos sexuales.
Origen de la indagatoria y los decretos cuestionados
La causa se originó formalmente tras una acción presentada el pasado lunes 26 de octubre por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), quienes acusaron a Rabat y Silva de incurrir en el delito de prevaricación administrativa —tipificado en el artículo 228 del Código Penal— al dictar 56 decretos de rebaja de condena en favor de personas sentenciadas por delitos sexuales, incluyendo casos de agresiones contra niños, niñas y adolescentes.
Los parlamentarios denunciantes sostienen que dichas resoluciones gubernamentales vulneraron de manera flagrante las restricciones y prohibiciones estipuladas en el artículo 17 de la Ley 19.856 respecto a la concesión de estos beneficios a agresores sexuales. Tras conocerse la resolución persecutoria, el diputado Cuello enfatizó públicamente que ambas autoridades ministeriales adquirieron calidad de imputados en la causa.
Respuesta del Gobierno y blindaje presidencial
En medio del revuelo político, el ministro Fernando Rabat descartó de plano presentar su renuncia al cargo, defendiendo que su actuar se ajustó estrictamente al marco constitucional y legal vigente, aunque admitió públicamente haber cometido errores en la evaluación política de las decisiones administrativas adoptadas.
Por su parte, el Presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad política de la administración central, ratificó al ministro en sus funciones y anunció como medidas de contención la suspensión inmediata de nuevas tramitaciones de estos beneficios, así como una revisión exhaustiva de aquellos ya concedidos.
Coordinación legislativa y polémica por registro audiovisual
En paralelo al avance de las indagatorias penales, el ministro Rabat y el subsecretario Silva sostuvieron un encuentro de coordinación con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para alinear las prioridades legislativas de la próxima semana, centradas en el debate de la Ley de Presupuestos y en eventuales modificaciones legales para cerrar vacíos normativos en materia de rebajas de penas.
Al respecto, la timonel de la Cámara Alta indicó que ya tomó contacto con el presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic (PL), para agilizar la discusión parlamentaria.
Finalmente, el titular de Justicia se refirió a la controversia generada por un registro audiovisual difundido por el subsecretario Silva para explicar su participación en los decretos, desestimando que se requiriera autorización formal para su publicación al tratarse de un mensaje de carácter informativo para la ciudadanía.
