El decreto fue visado por la autoridad actuando como ministro subrogante, permitiendo la liberación de un reo sentenciado por delitos en Quillota que debía cumplir condena hasta 2026. El caso eleva la tensión política en medio de cuestionamientos a las rebajas de penas otorgadas a condenados por delitos sexuales.
Un nuevo y delicado flanco de controversia enfrenta el Ministerio de Justicia, luego de revelarse que el subsecretario de la cartera, Luis Silva —ejerciendo como ministro subrogante—, firmó un decreto que otorgó la libertad anticipada y rebaja de pena a un condenado por abuso sexual, sin aguardar a que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolviera un recurso de amparo interpuesto por la defensa del interno.
El caso involucra a José Jaime Silva Olivares (64), quien cumplía una pena de cinco años y un día de presidio dictada en octubre de 2021 por el delito de abuso sexual cometido en la comuna de Quillota. De acuerdo con los antecedentes dados a conocer por Teletrece, el sentenciado —recluido originalmente en el recinto penitenciario de Limache— tenía programado el fin de su condena para octubre de 2026, fecha que se adelantó al 9 de enero de 2026 tras acogerse a los beneficios por conducta sobresaliente contemplados en la Ley 19.856.
Tramitación paralela y recurso de amparo
Ante la demora en la concreción de su salida liberatoria pese a la validación de la comisión evaluadora, la defensa del interno interpuso un recurso de amparo en junio pasado. Ante esto, el tribunal de alzada porteño inició la tramitación formal de la acción constitucional, requiriendo los informes respectivos a Gendarmería y al Ministerio de Justicia.
No obstante, en pleno desarrollo de la tramitación judicial, el 24 de junio el entonces ministro subrogante Luis Silva firmó y despachó el decreto que materializó la rebaja de condena. Desde la cartera se argumentó que la decisión buscaba evitar una “judicialización innecesaria de materias ya resueltas”. Tras la rúbrica del documento gubernamental, el representante legal del beneficiado desistió formalmente del recurso de amparo, dejando sin efecto el pronunciamiento de la Corte de Valparaíso.
Suma presión a la crisis institucional
Esta situación particular se enmarca en un escenario de alta tensión para la administración gubernamental, sumándose al registro de más de medio centenar de condenados por delitos de índole sexual que han obtenido rebajas de penas bajo la actual administración del Presidente José Antonio Kast.
La medida ha desencadenado severas críticas transversales desde el oficialismo y la oposición en contra de las directrices adoptadas en el Ministerio de Justicia, abriéndose incluso el debate sobre eventuales responsabilidades políticas y el avance de acciones fiscalizadoras en el Parlamento.
