Seis ediles acusan presuntas irregularidades financieras, contratación de personal sobre los límites legales y redireccionamiento de fondos destinados a obras comunitarias. Este martes el Concejo define el futuro de la modificación presupuestaria.
Un nuevo y complejo flanco de tensión política enfrenta la Municipalidad de Quilpué, luego de que un grupo de seis concejales ingresara formalmente una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso para exigir una investigación especial sobre la administración financiera encabezada por la alcaldesa Carolina Corti.
La presentación, dada a conocer este martes, coincide con una jornada de máxima tensión para el municipio, ya que el Concejo Municipal debe someter a votación una modificación presupuestaria decisiva. De acuerdo con los antecedentes expuestos desde el municipio, un eventual rechazo a la propuesta podría derivar en la desvinculación de 406 funcionarios municipales.
Cuestionamientos por contrataciones y uso de fondos
El libramiento ingresado al órgano fiscalizador acusa graves desprolijidades en el manejo de las arcas comunales. Entre los principales cuestionamientos, los ediles firmantes apuntan a la contratación de personal por sobre los límites legales permitidos y sin un financiamiento asegurado en el erario municipal.
Asimismo, la denuncia sostiene que recursos que originalmente estaban destinados a proyectos urbanos, obras y servicios directos para la comunidad habrían sido redireccionados para cubrir otros gastos de la administración, tensionando las finanzas en la recta final del año y comprometiendo iniciativas de desarrollo local.
A través de una declaración pública, los concejales calificaron la gestión financiera como «temeraria», señalando que «hemos actuado responsablemente fiscalizando y detectando cómo se han desatendido las normas financieras básicas, comprometiendo fondos que eran para los vecinos y vecinas. Necesitamos que la Contraloría investigue a fondo, determine responsabilidades y ponga freno a esta administración temeraria de los recursos públicos en Quilpué».
Junto con solicitar una indagatoria especial, los representantes comunales exigen un pronunciamiento urgente sobre la legalidad de la ejecución presupuestaria y de las sucesivas modificaciones impulsadas por jfefatura comunal.
La acción legal y fiscalizadora fue suscrita por los concejales Francisco Villegas, Marco Aguirre, Mónica Neira, Renzo Aranda, Paula Castro y Laura González, abriendo un escenario crítico mientras el Concejo define el futuro laboral de cientos de trabajadores de la ciudad del sol.
