El seremi Rafael González confirmó la liberación de ambos reclusos beneficiados por los decretos del Gobierno. La noticia encendió las alarmas regionales por la falta de aviso previo a las familias de las víctimas y la seguridad en las comunas.
La controversia nacional por las 56 rebajas de condena otorgadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast a personas sentenciadas por delitos sexuales alcanzó un álgido punto de tensión local, tras confirmarse que dos de los reclusos beneficiados que obtuvieron su libertad inmediata cumplían penas por violación de menores de edad en la Región de Valparaíso.
La información fue ratificada oficialmente por el seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso, Rafael González, confirmando la concreción de los decretos administrativos dictados por la cartera nacional en la zona.
El anuncio genera profunda conmoción e indignación entre las organizaciones de protección a la infancia y comunidades locales, dada la extrema gravedad de los delitos cometidos —violación de niños, niñas y adolescentes— y la ausencia de protocolos de notificación o resguardo previo para las víctimas y sus familias ante el retorno de sus agresores a la vía pública.
Tensión política e incertidumbre en las víctimas
La confirmación por parte del seremi Rafael González se da en medio del cuestionamiento transversal a la doctrina aplicada por el Ministerio de Justicia. Aunque desde el Ejecutivo argumentan que los beneficios responden a la aplicación retroactiva de criterios de la Corte Suprema previos a la reforma legal de 2022, la propia presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, recalcó que los jueces no intervinieron en estas liberaciones al tratarse de resoluciones exclusivas del Poder Ejecutivo.
En la Región de Valparaíso, parlamentarios y dirigentes sociales advirtieron sobre el hondo impacto psicológico y la desprotección a la que quedan expuestas las familias afectadas, exigiendo fiscalizaciones urgentes sobre el paradero de los dos sujetos liberados.
El antecedente regional se suma como insumo clave a la recolección de firmas que impulsa la oposición en el Congreso Nacional para interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la emisión de estos beneficios penitenciarios.
