El Juzgado de Garantía de la comuna acogió los argumentos de la Fiscalía y envió a la cárcel al exedil Luis Reyes Álvarez tras acreditarse coimas por más de $36 millones de proveedores municipales a cambio de licitaciones y condonación de multas.
El Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del alcalde y exconcejal de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Luis Roberto Reyes Álvarez, tras ser formalizado por el Ministerio Público como autor de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos, cometidos entre los años 2017 y 2022.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia por la Fiscalía de Los Ríos, el exjefe comunal estructuró un mecanismo sistemático de beneficios económicos irregulares solicitando y aceptando retribuciones en dinero de parte de contratistas y proveedores municipales. A cambio, Reyes intervino en procesos de licitación mediante la modificación de bases administrativas, la agilización de estados de pago, la relajación en las fiscalizaciones de obras y la condonación improcedente de multas comerciales a favor de las empresas involucradas.
Red de coimas y licitaciones arregladas
La investigación fiscal acreditó múltiples aristas de sobornos. Entre 2016 y 2021, la autoridad favoreció a dos empresas de la construcción representadas por Héctor Meza Hermosilla con la adjudicación de proyectos en establecimientos educacionales, refugios peatonales y la reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Crucero. A cambio de estos contratos, se condonaron cuatro multas por un total de $18 millones en perjuicio del erario municipal y se registraron transferencias directas por $27.860.000 a las cuentas personales del alcalde y su pareja, Gladys Mancilla Albornoz.
Asimismo, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, el edil exigió y recibió un pago de $3 millones por parte de la empresa Maluenda Producciones Limitada para asegurar la adjudicación del servicio de producción y amplificación de la «Semana Río Buenina 2020», contrato valorado en $85 millones. En un tercer caso, la Fiscalía detectó pagos por $5.500.000 provenientes de un socio de la Constructora San Ignacio a cambio de destrabar pagos y tramitaciones de obras públicas.
En total, la Fiscalía cifró en al menos $36.360.000 los retornos económicos ilegales obtenidos por el exjefe comunal. Para ingresar estos fondos al sistema financiero formal, los imputados realizaron transferencias entre cuentas bancarias familiares, depósitos en efectivo y giros de cheques.
Resolución judicial y medidas cautelares
Junto al alcalde Reyes Álvarez, el tribunal decretó la prisión preventiva para el empresario constructor Héctor Meza Hermosilla, imputado por los delitos de soborno y lavado de activos.
La fiscal del caso, María Consuelo Oliva, valoró el dictamen judicial: «Estamos muy conformes con la resolución del tribunal, pues se acogieron nuestras peticiones en todo sentido. Habíamos solicitado prisión preventiva por estimar que la libertad de ambos imputados era un peligro para la seguridad de la sociedad y que se podían obstaculizar diligencias de la investigación. El tribunal dio por acreditados los antecedentes que justifican la existencia del delito de lavado de activos».
Por su parte, los coimputados Rodrigo Maluenda Ramírez (soborno), Gladys Mancilla Albornoz, Elizabeth Rosas Beroiza y el funcionario municipal Alejandro Rosas Cárcamo (lavado de activos) quedaron sujetos a las cautelares de arraigo nacional, firma quincenal y prohibición absoluta de comunicarse entre sí. En tanto, la formalización del empresario Juan Carlos Reyes Padilla fue postergada tras la presentación de una licencia médica.
El Juzgado de Garantía estableció un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación preparatoria.
