Abren proceso sancionatorio contra las siete AFPs por caídas en los Fondos D y E

El organismo regulador indaga un eventual incumplimiento del deber de lealtad y diligencia en las decisiones de inversión adoptadas por las administradoras, tras concluir el periodo de fiscalización a las caídas registradas en los fondos de menor riesgo.

La Superintendencia de Pensiones (SP) anunció el inicio de un proceso sancionatorio formal en contra de las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) que operan en el sistema previsional chileno, tras finalizar las acciones de fiscalización relativas a las severas pérdidas de valor que afectaron a los Fondos de Pensiones Tipo D y E.

La medida busca determinar las responsabilidades operativas y técnicas en las decisiones de inversión implementadas por las administradoras, evaluando si existió una infracción a las exigencias legales que resguardan los ahorros de los trabajadores.

En concreto, la indagatoria del ente regulador se sustenta en la verificación de eventuales incumplimientos al deber de lealtad y diligencia estipulado en el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, además de lo dispuesto en la Norma de Carácter General (NCG) N° 340.

Deberes fiduciarios y resguardo de fondos

La normativa del Decreto Ley N° 3.500 mandata explícitamente a las administradoras a desplegar todas las gestiones necesarias para garantizar una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones, atendiendo de manera exclusiva al interés superior de los fondos administrados.

Por su parte, la NCG N° 340 unificó la regulación en materia de Deberes Fiduciarios dentro del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Dicho marco fija el estándar de conducta obligatorio para quienes administran patrimonio ajeno, imponiendo estrictos deberes de cuidado, destreza y diligencia profesional, junto con la obligación de evitar conflictos de interés y proteger activamente los ahorros de los afiliados.

De comprobarse infracciones en el debido resguardo de los recursos durante la gestión de los fondos más conservadores, las siete AFP se exponen a las sanciones administrativas y multas establecidas en la legislación vigente.

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