El Juzgado Civil de Santiago confirmó la paralización de las obras en el sector de Rondizzoni tras la ofensiva judicial del municipio. El Ministerio de Justicia confirmó que la relicitación del recinto penitenciario solo abarcará su operación, dejando fuera los nuevos módulos para el crimen organizado.

La justicia falló a favor de la Municipalidad de Santiago en el extenso diferendo judicial sobre la construcción de una nueva cárcel de alta y máxima seguridad, congelando de manera indefinida la edificación de nuevos módulos destinados al combate del crimen organizado en el denominado «barrio penitenciario».

La iniciativa —presentada originalmente en 2024 bajo el mandato de Gabriel Boric y respaldada posteriormente por las autoridades de la administración del Presidente José Antonio Kast— contemplaba la ampliación del complejo Santiago Uno en el sector de Rondizzoni, a un costado del Centro de Justicia. Sin embargo, el proyecto generó un firme rechazo local, iniciado bajo la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler y mantenido por el actual jefe comunal, Mario Desbordes.

Ahora, la resolución del Juzgado Civil de Santiago ratificó la suspensión de cualquier trámite relacionado con las obras, obligando al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Subsecretaría de Justicia a reestructurar el proceso de licitación previsto dentro del calendario de concesiones para este año.
Licitación se limitará a la operación

Desde la Subsecretaría de Justicia confirmaron que el llamado a concesión no contemplará la infraestructura de ampliación mientras la disputa judicial permanezca abierta: «Todos los recintos penitenciarios con contratos vigentes se encuentran en proceso de relicitación. En el caso de Santiago Uno, la prórroga del contrato vigente vence el 8 de noviembre de 2027. Las obras de ampliación contempladas no podrán ejecutarse mientras no se resuelva el recurso presentado por la Municipalidad de Santiago. Por ello, el llamado a licitación incluirá únicamente la operación del recinto, sin obras de ampliación».

Con este escenario, el plan gubernamental para habilitar un espacio exclusivo de máxima seguridad en la capital queda temporalmente desestimado, abriendo el debate sobre la localización de este tipo de infraestructura clave para la seguridad nacional.