La Fiscalía acusa que la organización utilizaba 21 locales de cannabis medicinal a nivel nacional como fachada para la comercialización de droga con alto contenido de THC.
En una extensa jornada de formalización de la denominada Operación Imperio Ámsterdam, la justicia decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva para ocho imputados y distintas cautelares de arresto domiciliario para otros 14 formalizados, acusados de integrar una red que utilizaba dispensarios de cannabis medicinal como fachada para el tráfico ilícito de drogas.
Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, la presunta organización operaba una red de 21 sucursales en todo el país, contando con una base superior a los mil socios inscritos. Esta estructura, según la tesis de la fiscalía, era utilizada para producir y comercializar marihuana de alta potencia (elevado porcentaje de THC) al margen de las disposiciones terapéuticas contempladas en la normativa vigente.
Entre los principales formalizados figuran los empresarios Andrés Astorga y Gino Athens-Athens, a quienes la fiscalía atribuye la condición de líderes de la estructura criminal bajo los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita.
Medidas cautelares y plazo de investigación
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público enviando a prisión preventiva a Sergio Olmedo, Luis Quintanilla, Rodrigo Buceta, Raimundo Silva, Mario Astorga, Andrés Astorga, Gino Athens-Athens y Mathias Laderer, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Por su parte, los 14 imputados restantes quedaron sujetos a arresto domiciliario —tanto en modalidad total como nocturna—, sumado a arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse entre sí.
Desde el Ministerio Público valoraron que la magistratura ratificara la existencia de la figura de tráfico dentro del modelo de negocios investigado, mientras que los abogados defensores cuestionaron los antecedentes expuestos y anunciaron que apelarán ante la Corte de Apelaciones. El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
