El organismo fiscalizador reveló que 41 de ellos ingresaron tras la llegada de los directivos vinculados, incluyendo 24 casos asociados al alcalde Alfonso Muñoz. Se solicitaron medidas inmediatas para regularizar la situación.
Un contundente informe emitido por la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades al interior de la Municipalidad de El Tabo, tras detectar que 56 funcionarios en ejercicio mantienen vínculos de parentesco con autoridades y directivos de la casa edilicia.
De acuerdo con el documento emanado por el ente contralor, 24 de estos contratos corresponden a personas emparentadas directamente con el actual alcalde de la comuna, Alfonso Muñoz. Asimismo, se logró precisar que 41 de los 56 trabajadores auditados ingresaron a prestar servicios con posterioridad a la asunción de los cargos de las autoridades con las que están relacionados, afectando a reparticiones clave como Finanzas, Control y la Dirección Jurídica.
La fiscalización tuvo su origen en una denuncia presentada por la concejala Claudia Aracena, quien acudió al organismo de control tras recepcionar antecedentes sobre eventuales faltas a la probidad administrativa. «La verdad es que había rumores con respecto al personal (…); sin embargo, yo no soy una persona nacida y criada acá, por lo tanto, no puedo reconocer quién es quién», sostuvo la edil tras conocerse los resultados del dictamen.
Cuestionamientos por falta de abstención y cambios contractuales
Dentro de las anomalías detectadas, la concejala Aracena apuntó a casos específicos donde las autoridades omitieron su deber legal de abstención al firmar decretos de nombramiento, citando la trayectoria de una persona cercana a un familiar directo del jefe comunal que transitó por diversos puestos hasta asumir la dirección de un establecimiento educacional de la zona. «Son tres documentos, decretos que se firman sabiendo que debió haberse inhabilitado», enfatizó.
Adicionalmente, el informe de la Contraloría formuló objeciones a los procesos de contratación, la falta de justificaciones presupuestarias e irregularidades en los cambios de modalidad contractual, destacando el traspaso injustificado de trabajadores desde el régimen de honorarios hacia el Código del Trabajo.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de El Tabo adoptar medidas inmediatas para regularizar los nombramientos observados e instruyó la apertura de los procedimientos correspondientes para acreditar el cumplimiento de la normativa vigente.

