A más de dos años de la catástrofe que azotó a la región, la reconstrucción del sector de El Olivar en Viña del Mar enfrenta su momento más crítico debido a una profunda parálisis de obras y una bullada judicialización entre el Ministerio de Vivienda y la empresa constructora.

En este complejo escenario, y tras dar cuenta de un revelador informe inspectivo este miércoles 8 de julio, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó en terreno para constatar el estado de inmuebles que acusan más de un 90% de avance físico, pero que permanecen bajo la amenaza pública de demolición emanada por el ministro Iván Poduje.

En conversación con La Unión Valpo, la diputada Ana María Gazmuri desmenuza los hallazgos de la comitiva fiscalizadora, arremete contra el «bloqueo» oficialista que impidió oficiar al Minvu y exige un trato digno y con certezas técnicas para las familias damnificadas que hoy acusan abandono institucional.

-Diputada, el pasado 25 de junio los integrantes de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados visitaron el sector de El Olivar para conocer en terreno el avance de la reconstrucción y la situación actual de las viviendas construidas. La visita se da en el contexto de la paralización y judicialización de las obras entre el Ministerio de Vivienda y la empresa constructora, que ya mantiene detenidos los trabajos por más de tres meses. ¿Qué pudo recoger la Comisión visitando el sector, viendo las obras y hablando con las familias afectadas?

La Comisión pudo constatar que en El Olivar existen obras con un alto porcentaje de avance, incluso superior al 90% y, en algunos casos, muy próximas a su término. La paralización ha generado incertidumbre y frustración en familias que esperaban recibir pronto sus viviendas. También se constató la existencia de situaciones de alta vulnerabilidad social y sanitaria, junto con una demanda transversal de las familias por contar con definiciones técnicas claras, evitando decisiones apresuradas como anunciar una demolición sin antecedentes concluyentes.

En terreno, las y los vecinos insistieron en que la prioridad debe ser terminar la reconstrucción y entregar certezas, no prolongar la judicialización ni abrir nuevas incertidumbres. La Comisión acordó elaborar un informe, del cual se dio cuenta este miércoles 8 de julio, revisar los antecedentes técnicos disponibles y no descartar una nueva visita inspectiva.

Lamentablemente, por decisión de la mayoría de los diputados del oficialismo, la Comisión rechazó solicitar formalmente nuevos antecedentes técnicos al Ministerio mediante oficio. Nos parece una decisión preocupante, porque pedir información es parte de las atribuciones de fiscalización que tiene esta Comisión y constituye una herramienta básica para ejercer ese rol.

Una de las conclusiones a las que llegó la Comisión luego de la visita de fiscalización fue que existe información contradictoria sobre el estado de las viviendas y que las familias necesitan respuestas claras y técnicamente fundamentadas. Los antecedentes conocidos hasta ahora no permiten sostener la conclusión planteada por el ministro Poduje respecto de la demolición de las viviendas. Si los informes actuales son insuficientes o contradictorios, ¿la Comisión pedirá una auditoría técnica independiente?

Hoy existe un proceso judicial en curso y las obras permanecen paralizadas precisamente a la espera del peritaje ordenado por la justicia. Por lo mismo, cualquier definición sobre una eventual demolición debe esperar ese resultado. De hecho, recientemente el propio Consejo de Defensa del Estado descartó que existiera un respaldo técnico suficiente para afirmar anticipadamente la necesidad de demoler, contradiciendo la posición que había sostenido públicamente el ministro.

Desde la Comisión de Vivienda, lo responsable es no anticipar conclusiones antes de contar con todos los antecedentes. Una vez conocido el peritaje judicial, si aún persisten contradicciones o aspectos no resueltos, podría evaluarse la necesidad de un peritaje complementario u otra revisión técnica independiente. Lo fundamental es que cualquier decisión se base en evidencia sólida y entregue certezas a las familias.

En todo caso, la definición también dependerá de los acuerdos que adopte la Comisión respecto de las acciones de fiscalización que corresponda impulsar. Lo que no podemos perder de vista es que todas las familias de El Olivar son víctimas de una tragedia y merecen el mismo respeto. No corresponde dividirlas entre quienes están a favor o en contra de una determinada alternativa, sino trabajar para que todas tengan una solución justa y técnicamente fundada.

-El diputado Mario Olavarría manifestó preocupación por la ausencia de representantes técnicos de organismos públicos durante la visita y denunció que habría existido un intento de obstaculizar la labor fiscalizadora de la Comisión. Además, señaló haber quedado impactado por la situación de las familias y sostuvo que la reconstrucción debe dejar de ser una promesa para transformarse en una realidad. ¿Cuál es el compromiso de la Comisión para hacer seguimiento a este caso hasta que las familias tengan una solución?

La Comisión asumió el compromiso de mantener el seguimiento del caso, revisar los antecedentes técnicos disponibles y no descartar una nueva visita inspectiva. Ese compromiso se mantiene con independencia de la votación que rechazó el envío de un oficio al Ministerio.

El objetivo es continuar ejerciendo la labor de fiscalización que corresponde a la Comisión y acompañar el desarrollo del proceso hasta que existan definiciones claras, técnicamente fundadas y una solución efectiva para las familias. En esa línea, la preocupación manifestada por el diputado Olavarría contribuye a mantener el foco donde corresponde: en que la reconstrucción avance y las familias puedan obtener una respuesta definitiva.

–¿La Comisión detectó posibles incumplimientos de deberes por parte de algún organismo público?

La visita dejó señales preocupantes respecto del actuar de algunos organismos públicos, especialmente por la ausencia de autoridades y equipos técnicos que habían sido convocados, pese a la relevancia del caso. También quedó de manifiesto que la paralización de las obras se produjo en un escenario donde aún existen antecedentes técnicos discutidos y donde el proceso judicial sigue pendiente de un peritaje clave.

Sin embargo, en esta etapa no corresponde afirmar que exista un incumplimiento formalmente acreditado. Lo que la Comisión pudo constatar fue una falta de claridad, de información suficiente y de respuestas oportunas frente a familias que llevan meses esperando certezas, precisamente cuando había viviendas con un alto nivel de avance y próximas a ser entregadas. La labor de fiscalización continuará justamente para despejar esas dudas y verificar que las decisiones adoptadas cuenten con el debido respaldo técnico y administrativo.