El Ministerio Público de Aysén presentó la acusación formal y solicitó nuevamente el desafuero del parlamentario independiente. La indagatoria apunta a un perjuicio fiscal superior a los $103 millones por informes legislativos presuntamente ficticios que operaron como una «caja pagadora».

Un escenario judicial crítico comenzó a enfrentar formalmente el senador independiente —e integrante del comité Evópoli— Miguel Ángel Calisto Águila. La Fiscalía Regional de Aysén presentó este viernes la acusación oficial en su contra y de otras siete personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, solicitando una pena de 12 años de presidio efectivo para el parlamentario, dejando la causa a las puertas de un juicio oral.

La tesis del Ministerio Público apunta a la existencia de un mecanismo coordinado e instrumental para desviar recursos públicos destinados a la labor legislativa. El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, ratificó que la institución cuenta con un robusto sustento para enfrentar el litigio: «La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa», afirmó de manera tajante.

El mecanismo de la «caja pagadora»

La indagatoria penal sitúa los hechos entre los años 2018 y 2022, período en el cual Calisto se desempeñaba como diputado de la República. De acuerdo con los antecedentes del persecutor, el entonces legislador se habría concertado con los coimputados Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para simular la contratación de asesorías técnicas y parlamentarias que, en la práctica, jamás se ejecutaron, provocando un perjuicio fiscal calculado en exactamente $103.664.697.

El fiscal Libedinsky fue explícito respecto al rol de los intermediarios, señalando que «Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el señor Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales». La Fiscalía sostiene que una vez que el Congreso Nacional liberaba los pagos de honorarios, una fracción sustancial de esos dineros era transferida de vuelta a las cuentas personales de Calisto y de Cárcamo Catalán, configurando lo que el Ministerio Público denominó textualmente como «asesorías fantasmas y una caja pagadora». Debido al carácter reiterado del ilícito, tanto Graf como Cárcamo también arriesgan severas penas de crimen.

Petición de desafuero

Para poder sentar efectivamente al senador en el banquillo de los acusados de un Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, la Fiscalía ingresó de forma paralela un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique para tramitar el desafuero del congresista.

«Se ha requerido la declaración de desafuero del referido senador, para que dicho tribunal resuelva que existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación», explicó el fiscal regional. De ser acogido el desafuero por el tribunal de alzada, Miguel Ángel Calisto quedará suspendido de sus funciones parlamentarias y facultado para enfrentar el juicio que determinará su futuro político y penal.