En un operativo coordinado entre la Fiscalía Oriente y la Brigada de Cibercrimen de la PDI, se ejecutó una orden judicial de entrada y registro en la sede legislativa. La nueva arista investiga presuntos delitos de corrupción y uso irregular de bases de datos, manteniendo la causa bajo estricta reserva.

Un sorpresivo despliegue policial y judicial sacudió las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso. Personal de la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con persecutores de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, ingresaron al recinto legislativo para dar cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro y de incautación de evidencia tecnológica y documental.

Las diligencias se concentraron en exoficinas parlamentarias y de forma paralela se extendieron hasta el domicilio particular del exdiputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Manuel Fuenzalida. Desde el Ministerio Público aclararon que este procedimiento no guarda relación ni apunta a legisladores que se encuentren actualmente en ejercicio de sus funciones, sino que tiene por objetivo la revisión exhaustiva de antecedentes históricos, respaldos digitales y registros administrativos vinculados a períodos legislativos anteriores.

La nueva arista por corrupción

Este operativo se desprende directamente de una nueva línea investigativa dentro del denominado «Caso Lavín León». El Ministerio Público busca determinar la existencia de presuntos delitos de corrupción asociados al desvío de recursos públicos, manipulación de bases de datos institucionales y eventuales irregularidades de financiamiento en la actividad política.

Cabe recordar que la causa principal mantiene al otrora diputado Joaquín Lavín León bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde mayo pasado. El excongresista gremialista se encuentra formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado, en un entramado donde la Fiscalía indaga el uso de la plataforma SocialTask y el presunto manejo de información reservada de electores. Debido al éxito de las pesquisas en desarrollo, el tribunal decretó el secreto de la causa, limitando el acceso a mayores detalles sobre los hallazgos tecnológicos detectados en Valparaíso.