La acción judicial presentada por el gobernador René Saffirio por el fraude de $9 mil millones en la «Agencia de Desarrollo» salpica al exgobernador Luciano Rivas (ex Evopoli). Acusan que el padre de la jefa comunal Katherine Migueles (RN) se adjudicó fondos fuera de plazo, con facturas anuladas y vulnerando las bases que impedían postular a familiares de autoridades.
Nuevos y graves antecedentes de presunta corrupción y fraude al fisco remecen la administración pública del sur del país. Una querella criminal presentada por el Gobernador Regional de La Araucanía, René Saffirio, en contra de 10 personas por irregularidades en un millonario programa de la Agencia de Desarrollo Productivo, dejó al descubierto la asignación ilícita de fondos a familiares directos de altas autoridades políticas de la zona.
La acción legal, que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco y agrupada a la macroinvestigación del Ministerio Público denominada «Caso Agencia», persigue los delitos de administración desleal y prevaricación en una glosa programática ejecutada entre 2022 y 2023 que involucra cerca de $9 mil millones de pesos. Entre los querellados figuran el exgobernador regional Luciano Rivas; su exjefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli; y la actual seremi de Justicia, Stephanie Caminondo.
La maniobra informática para burlar las bases
De acuerdo con el documento judicial, el programa de Reactivación Económica estipulaba un riguroso proceso de admisibilidad que cerró oficialmente el 26 de septiembre de 2022 con 684 proyectos visados tras modificarse de manera irregular la exigencia de la carpeta tributaria.
Sin embargo, la querella detalla que ese mismo día, el encargado del fondo concursable de la Agencia, Carlos Banchieri, instruyó mediante correo electrónico al responsable informático del sistema ingresar de forma manual e ilegal otras 412 iniciativas fuera de plazo para que figuraran falsamente como «admisibles».
El millonario beneficio al padre de la alcaldesa
Es precisamente en este grupo ingresado por secretaría donde el GORE detectó la postulación de Guillermo Migueles Beltrán, controlador de la empresa Gambi SpA, quien logró la adjudicación de $50 millones de pesos.
El hecho reviste gravedad penal y administrativa, ya que el empresario es el padre biológico de la alcaldesa de Renovación Nacional (RN) por la comuna de Vilcún, Katherine Migueles, quien se encontraba en pleno ejercicio de su cargo. Las bases del concurso público prohibían explícitamente la postulación y adjudicación de fondos a familiares directos de autoridades vigentes.
A la incompatibilidad legal se suman serias anomalías comerciales en la asignación: la empresa Gambi SpA presentaba facturas anuladas, rendiciones rechazadas, ausencia de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y acompañó una sola cotización en desmedro de los oferentes que sí cumplían la norma.
Consultada por este flanco, la consejera regional y presidenta de RN en La Araucanía, Sara Suazo, intentó matizar el vínculo: «Voy a llamar a la alcaldesa para ver qué sabe al respecto. No siempre que uno es la hija de alguien puede estar en conocimiento de todo lo que hace el papá o viceversa».
Vínculos políticos y campaña electoral
La arista penal apunta directamente a establecer si existió un pago de favores políticos por parte del exgobernador Luciano Rivas, quien integró la Comisión Estratégica que recomendó al directorio —que él mismo presidía— beneficiar a la sociedad comercial del padre de la alcaldesa. La querella pide indagar este interés cruzado, considerando que el empresario y la jefa comunal participaron activamente en las campañas de reelección de Rivas en 2024 bajo el cupo de Renovación Nacional.
Asimismo, la indagatoria sumó el fraude cometido por el propio encargado del programa, Carlos Banchieri, quien paralelamente mantenía relaciones laborales con la firma GlobalConnect, entidad que se adjudicó más de $48 millones de pesos visados de forma exprés por la cuestionada Agencia regional.
