La iniciativa, que buscaba otorgar una vía administrativa para esta medida en investigaciones de crimen organizado, pasa ahora a Comisión Mixta. El debate estuvo marcado por la contingencia de la ‘Operación Tokyo’ y la vulnerabilidad del sistema financiero frente a redes delictivas.
El Senado de la República rechazó oficialmente el proyecto de ley que buscaba ampliar las facultades para el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa. Esto, luego de que la Sala registrara un nuevo y persistente empate de 24 votos a favor y 24 en contra, repitiendo el escenario de la semana pasada donde la iniciativa tampoco logró una definición clara.
Al no alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación, la propuesta legislativa quedó descartada en esta instancia y será revisada por una Comisión Mixta, la cual estará integrada por cinco senadores y cinco diputados encargados de resolver las discrepancias.
El impacto de la «Operación Tokyo»
La discusión de esta normativa ha adquirido una urgencia crítica en la agenda pública tras los recientes hallazgos de la «Operación Tokyo». Dicha investigación policial reveló que un ejecutivo del Banco Santander formaba parte de una red de lavado de activos estrechamente vinculada a la organización criminal internacional Tren de Aragua, lo que encendió las alarmas sobre la permeabilidad del sistema financiero actual.
Posturas encontradas en el hemiciclo
El debate parlamentario reflejó dos visiones contrapuestas respecto al equilibrio entre las facultades de fiscalización del Estado y las garantías constitucionales.
La senadora Vanessa Kaiser (PNL) fundamentó su voto en contra señalando que la medida vulnera principios constitucionales fundamentales. «Levantar el secreto bancario daña el derecho a la honra, a la vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada», advirtió.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) defendió el sistema actual de autorización judicial, señalando que el levantamiento de cuentas ya opera de manera ágil cuando se solicita adecuadamente. «Tiene que haber un control desde los tribunales (…), y no que quede al arbitrio de los funcionarios que dependen del gobierno de turno», argumentó.
En la vereda opuesta, el senador Alfonso de Urresti (PS) defendió la necesidad de la vía administrativa para desarticular el poder económico de las bandas criminales. «El crimen organizado no solo opera en las calles, también mueve miles de millones a través de estructuras financieras. Si queremos combatirlo de verdad, debemos seguir la ruta del dinero y entregar al Estado herramientas eficaces», enfatizó, asegurando que no pueden existir espacios de protección para quienes financian estas redes.
Próximos pasos
Tras el estancamiento en la Sala, la urgencia de la persecución penal del lavado de activos y el resguardo de las libertades individuales se trasladarán a la Comisión Mixta, instancia que deberá evacuar un nuevo informe para destrabar el proyecto de ley.
