La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, no descartó la apertura de cuadernos de remoción constitucional. En paralelo, defendió la medición de rendimiento mediante el sistema Quantum, exigió más recursos al Ministerio de Justicia y advirtió que la morosidad en el crédito solidario podría constituir una falta a la probidad.

El pleno de la Corte Suprema adoptará un rol activo e integral frente a las recientes polémicas que salpican a la magistratura nacional. La presidenta del máximo tribunal del país, Gloria Ana Chevesich, reveló de forma oficial que el pleno revisará de manera conjunta la totalidad de los sumarios administrativos abiertos en contra de aquellos jueces que realizaron viajes al exterior del país encontrándose bajo régimen de licencia médica.

La determinación de la alta autoridad judicial busca unificar de forma estricta los criterios de resolución y evitar disparidades o arbitrariedades en la aplicación de las sanciones definitivas. El anuncio llega en un escenario complejo, marcado por duros cuestionamientos públicos que apuntan a un presunto trato diferenciado y de privilegio en favor de los funcionarios judiciales, en comparación con las drásticas sanciones que reciben otros servidores públicos del Estado ante idénticas faltas laborales.

El fantasma de la remoción constitucional

Al ser requerida explícitamente sobre la posibilidad de que el máximo tribunal invoque las facultades que le otorga el artículo 80 de la Constitución Política de la República para abrir cuadernos de remoción forzosa contra los magistrados implicados, la ministra Chevesich optó por no descartar el uso de dicha herramienta constitucional. “Ahí está la norma, ese artículo existe, pero qué va a pasar no puedo decirlo”, sostuvo de forma cauta.

En entrevista con el diario La Tercera, la presidenta de la Suprema complementó que cualquier determinación de esa envergadura requerirá analizar detenidamente el mérito técnico de cada caso concreto. Asimismo, al abordar la solicitud emanada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) para remover de sus funciones al polémico juez Daniel Urrutia, Chevesich desmarcó al tribunal de la primera línea de acción, precisando de manera taxativa que “el que tiene que tomar una decisión sobre la materia es el presidente de la República”.

Modernización, atraso judicial y deudas de probidad

En el plano de la gestión interna, la líder del Poder Judicial defendió con firmeza la implementación de su plan de modernización, el cual utiliza el avanzado sistema informático Quantum para identificar con precisión científica a aquellos tribunales civiles que exhiben un bajo rendimiento técnico, basándose en indicadores ajustados tras mesas de trabajo con cerca de 100 jueces del área.

En esa línea, la presidenta reconoció abiertamente que la dotación de personal actual es crítica e insuficiente para abordar la alta carga de causas, confirmando que ya planteó formalmente al ministro de Justicia la necesidad urgente de inyectar recursos económicos para reforzar las plantas de los tribunales y de la Defensoría Penal Pública. “Si no se dota al Poder Judicial y a la Defensoría, el funcionamiento es imposible”, advirtió de manera tajante.

Finalmente, el pleno de la Corte Suprema abrió un nuevo flanco de fiscalización interna al iniciar los procesos de notificación a aquellos funcionarios judiciales que mantienen deudas morosas con el Crédito Solidario Universitario. Desde el máximo tribunal calificaron provisionalmente este tipo de morosidades financieras como una eventual e importante falta a la probidad administrativa, lo que podría acarrear nuevas e inéditas sanciones al interior del organismo.