El jefe comunal Juan Galdames, junto a su asesor jurídico y el ex SECPLAN, enfrentan graves cargos por la millonaria compra irregular de terrenos mediante trato directo. La audiencia continuará este jueves y las cautelares se resolverán el viernes en el Juzgado de Garantía de Los Andes.
En lo que se perfila como uno de los escándalos de presunta corrupción pública más graves en la historia reciente de la Provincia de Los Andes, el Ministerio Público inició este martes 26 de mayo la audiencia de formalización en contra de las máximas autoridades técnico-políticas de la Municipalidad de Rinconada. En el banquillo de los acusados comparecieron el alcalde Juan Galdames Carmona (IND-CHV), el director jurídico de la corporación, Hernán Espina Espinoza, y el ex Secretario Comunal de Planificación (SECPLAN), Julio Silva Saa.
A los tres implicados se les imputan los delitos de fraude al fisco en carácter de reiterado, falsificación y uso malicioso de instrumento público. En el caso particular del jefe comunal, la Fiscalía sumó además un cargo preferente por el delito de negociación incompatible. Debido a la gravedad y el perjuicio fiscal de los hechos, el órgano persecutor solicitó formalmente la medida cautelar de prisión preventiva para todo el grupo.
El origen del fraude: Terrenos «visados» fuera de la ley
La investigación penal, que se ventiló detalladamente ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, tiene su génesis en una serie de millonarias adquisiciones de terrenos ejecutadas por la administración de Galdames.
Al respecto, el fiscal jefe de Los Andes, Jorge Alfaro, detalló la trama de irregularidades detectada tras meses de indagatorias de alta complejidad:
«Básicamente, las compras se hacen a través de un trato directo, sin licitaciones previas, con un acuerdo realizado sin cumplir la Ley de Lobby por parte del alcalde con un particular, donde, además, se negocian los precios antes de ser expuesto esto al Concejo Municipal», fustigó el persecutor, apuntando a una elusión sistemática de los mecanismos de control del Estado.
El caso escaló judicialmente gracias a las fiscalizaciones internas levantadas por el propio cuerpo de concejales de Rinconada, denuncias que posteriormente fueron refrendadas por un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso. Dicho dictamen del órgano contralor fue catalogado como «categórico» al confirmar el entramado de anomalías y derivar de forma inmediata los antecedentes al Ministerio Público, lo que permitió agrupar las diversas causas penales que hoy complican a la cúpula municipal.
Semana clave para las cautelares
Considerando el alto patrimonio público comprometido y el carácter reiterado de los delitos, la Fiscalía se mostró firme en su solicitud de privación de libertad. «Estamos solicitando una medida cautelar de prisión preventiva, que entendemos que se ajusta a la gravedad de los hechos. Pero, por cierto, eso tiene que ser ponderado y resuelto por el juez de garantía con los antecedentes correspondientes», recalcó el fiscal Alfaro.
Tras decretarse un receso al término de la primera jornada, el tribunal informó que la audiencia de formalización se reanudará este jueves 28 de mayo con las réplicas de los abogados querellantes (Consejo de Defensa del Estado y particulares) y los alegatos de las defensas de los imputados. Se prevé que el veredicto respecto a si el alcalde Juan Galdames y sus asesores ingresan o no a un recinto penitenciario sea dictado por el magistrado el próximo viernes 29 de mayo.
