Mientras la Delegación Presidencial asegura que el operativo cuenta con la venia de cuatro propietarios, la entidad patrocinante califica la medida de «antijurídica» y acusa un apuro injustificado del Minvu por demoler estructuras que aseguran son perfectamente reparables.

Una densa controversia técnica y legal se tomó el proceso de reconstrucción en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. Durante la mañana de este viernes, se dio inicio a la demolición de las primeras cuatro viviendas de un universo de 56 inmuebles que presentan observaciones estructurales tras el megaincendio de 2024. El operativo, mandatado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), avanza a paso firme pero bajo una intensa lluvia de cuestionamientos por parte de comités técnicos y asesores jurídicos que acusan una total falta de justificación legal.

Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso salieron al paso de las críticas, precisando que este procedimiento inicial está acotado estrictamente a un primer cuadrante de cuatro casas y enfatizando de manera categórica que los trabajos se ejecutan únicamente porque cuentan con la firma y autorización expresa de las familias propietarias.

La postura oficial: Sin necesidad de permisos municipales

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, ratificó el inicio del operativo matinal tras coordinar perímetros de seguridad con Carabineros. La autoridad regional defendió la legalidad del procedimiento, argumentando que no se requirió tramitar permisos de demolición ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar debido al estado de las edificaciones.

«Cuando una vivienda no está recepcionada, no está terminada, no se requiere un permiso de demolición, sino que el mandante, en este caso el Minvu, puede pedirle a esa constructora que retire parte o demuela la propiedad. Se parte con la demolición de cuatro propiedades, de un total de 56, todas ellas tienen el permiso del propietario», detalló Millones.

Entidad Patrocinante acusa «escenario fabricado»

En la vereda contraria, la postura del Ejecutivo encontró una férrea y dura resistencia. Desde la entidad patrocinante Social Arquitectura, la abogada Erika Maira cuestionó duramente el operativo y apuntó directamente al titular de la cartera de Vivienda, Iván Poduje, acusándolo de forzar un escenario de presión sobre los damnificados.

Según expuso la jurista, las obras civiles presentaban un 21% de avance y los informes técnicos emanados por el Idiem de la Universidad de Chile y la propia Dirección Técnica del Minvu no acreditarían las fallas estructurales insubsanables que alega la autoridad civil.

«La verdad es que es lo más antijurídico que hemos visto en mucho tiempo. Las familias autorizan en un escenario fabricado por el ministro Poduje y por otros funcionarios del Estado. Es un escenario que fabricaron revocando los convenios marco tanto de la entidad patrocinante como de la constructora», denunció Maira.

La defensa técnica de los vecinos argumentó además que la medida adolece de un procedimiento legal regular, explicando que ante cualquier observación constructiva, la norma estipula que las fallas deben ser notificadas formalmente a los contratistas para su eventual reparación o subsanación, antes de proceder de manera drástica e irreversible a la demolición completa del metraje construido.

La gran interrogante: ¿Cuál es el apuro del Minvu?

El inicio de las faenas de demolición ha dejado una profunda incertidumbre en la comunidad de El Olivar. Diversas organizaciones de la zona interior y sectores de oposición cuestionan el «gran apuro» mostrado por el ministro Poduje para echar abajo las estructuras, un ímpetu que avanza de forma paralela a la existencia de recursos judiciales en curso y a informes que sostienen que las anomalías de las viviendas son completamente reparables.

A dos años del trágico megaincendio, la zona cero de la reconstrucción vuelve a transformarse en un campo de batalla legal y técnico donde los damnificados quedan atrapados en la disyuntiva de la burocracia estatal, mientras el fantasma del retraso habitacional sigue calando hondo en los cerros de Viña del Mar.