Tras la audiencia de reformalización en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el tribunal acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. La investigación apunta a un esquema de asesorías parlamentarias inexistentes y el desvío de fondos públicos que hoy suma una nueva arista relacionada con proyectos regionales.

La situación procesal del senador ex Demócratas Miguel Ángel Calisto se tornó crítica este domingo luego de ser reformalizado por el delito de fraude al Fisco. En la instancia, el Ministerio Público actualizó la cifra del presunto perjuicio fiscal, estableciendo que el monto defraudado ascendería a $105.554.697, superando con creces las estimaciones iniciales de la causa.

El mecanismo de las «Asesorías Fantasma»

De acuerdo con la tesis presentada por la Fiscalía Regional de Aysén, el parlamentario habría operado un mecanismo sistemático entre los años 2018 y 2022 —periodo en que Calisto ejercía como diputado—. El esquema consistía en la contratación de asesorías parlamentarias que, presuntamente, nunca se realizaron.

La indagatoria señala que los pagos fiscales destinados a la imputada Carla Graf terminaban siendo desviados para beneficiar directamente al entonces parlamentario, a su colaborador Roland Cárcamo y a otros actores ligados a actividades políticas regionales, como Felipe Klein Vidal.

Arraigo y nuevas aristas

Ante la contundencia de los antecedentes, el juez Mario Devaud decretó para el actual senador las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición estricta de comunicarse con otros imputados clave en la causa.

Además, el fiscal regional Hernán Libedinsky reveló que la investigación se ha extendido hacia el Gobierno Regional de Aysén. Se detectó un modus operandi similar en proyectos financiados con el 8% del FNDR, donde se indagan fraudes adicionales por sobre los $32 millones.

Plazo de investigación

Debido a que aún existen diligencias cruciales encargadas a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, el tribunal autorizó una ampliación del plazo investigativo por 60 días adicionales. La causa continúa bajo reserva en varios de sus cuadernos debido a la complejidad de las redes de financiamiento político que se están desenterrando en la zona.