Corporación dependiente de Mejor Niñez denuncia a excandidato a concejal por millonario fraude y «secuestro» de correos

La Corporación de Ayuda a la Familia presentó una querella contra un exasesor jurídico y excandidato a concejal por Evopoli, acusándolo de desviar fondos institucionales a sus cuentas personales y bloquear el acceso a las plataformas digitales de la entidad.

Una grave denuncia por delitos de estafa, fraude y sabotaje informático sacude a la Corporación de Ayuda a la Familia, organismo colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). La entidad interpuso una querella criminal contra un abogado, quien se desempeñó como asesor jurídico y fue candidato a concejal en las últimas elecciones.

Desvío de fondos y «secuestro» digital

Según los antecedentes de la acción judicial, el acusado habría aprovechado su posición de confianza para realizar diversas maniobras ilícitas. Entre las acusaciones principales destacan:

  • Fraude financiero: Se le imputa el desvío de sumas millonarias destinadas al funcionamiento de programas de protección de menores hacia sus cuentas bancarias personales.
  • Sabotaje informático: Tras ser desvinculado de la institución, el abogado habría «secuestrado» las cuentas de correo institucionales y el dominio web de la corporación, impidiendo el acceso al resto de los funcionarios y bloqueando la comunicación con los organismos estatales.
  • Apropiación indebida: La querella sostiene que el exasesor no ha devuelto documentación crítica ni equipos tecnológicos pertenecientes a la entidad.

Impacto en la gestión de programas

Desde la corporación señalaron que este «bloqueo digital» ha afectado la gestión administrativa y la rendición de cuentas ante el servicio Mejor Niñez, poniendo en riesgo la continuidad de la atención que reciben niños, niñas y adolescentes vulnerables bajo su cuidado.

La justicia ya inició las primeras diligencias para determinar el monto total del fraude y recuperar el control de las plataformas digitales institucionales. El acusado, por su parte, arriesga penas de presidio por los delitos de estafa y sabotaje informático en grado de consumado.

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