Por Israel Freire, Ingeniero Mecánico

Así debe partir esta discusión: sin eufemismos, sin tecnicismos que escondan lo esencial. El Royalty Minero no es solo un impuesto. Es una decisión política de fondo. Es soberanía. Es, probablemente, la señal más clara en décadas de que Chile vuelve a mirar sus recursos naturales no como una mercancía cualquiera, sino como una base estratégica de su desarrollo.

No es exagerado decirlo: una decisión de esta envergadura no se veía desde la Nacionalización del Cobre en Chile. Han pasado más de cincuenta años desde que el Estado chileno tomó una determinación estructural sobre su principal riqueza. Medio siglo en que, entre matices, se consolidó un modelo donde la captura de valor fue limitada, donde el debate sobre soberanía económica quedó muchas veces subordinado a la lógica del mercado.

Por eso el Royalty marca un punto de inflexión. Porque rompe esa inercia.

Aquí no estamos frente a un ajuste técnico ni a una discusión tributaria más. Estamos frente a una redefinición del vínculo entre el país y su riqueza. Y en esa redefinición hay un elemento central: la convicción de que Chile no puede seguir renunciando a administrar lo que es suyo. Que no puede seguir siendo un país rico en minerales, pero pobre en distribución.

El Royalty Minero, impulsado bajo el gobierno de Gabriel Boric, es la materialización concreta de esa idea. Y no surge desde la comodidad del consenso, sino desde la disputa política. Durante años, cualquier intento de avanzar en esta dirección fue enfrentado con las mismas advertencias: fuga de inversiones, pérdida de competitividad, freno al crecimiento. El catálogo del miedo fue amplio y persistente.

Sin embargo, se avanzó.

Y se avanzó porque hay un proyecto político detrás. El conjunto de partidos que formaron parte del gobierno de Gabriel Boric, entendieron que la discusión no era solo económica, sino profundamente política: quién se queda con la riqueza, cómo se distribuye y para qué se utiliza. En ese sentido, el Royalty no es un hecho aislado, sino parte de una trayectoria que busca corregir una de las contradicciones más evidentes del país: territorios que producen riqueza, pero que históricamente han recibido poco o nada a cambio.
Ahí aparece la segunda dimensión clave: la justicia territorial.

Porque el Royalty no solo recauda. Redistribuye y territorializa la riqueza. Permite que comunas que han sostenido por décadas la actividad extractiva —muchas veces con costos ambientales y sociales evidentes— puedan, por fin, capturar parte de ese valor. No como un gesto simbólico, sino como una herramienta concreta para financiar el desarrollo.

Cuando esos recursos se traducen en mejor infraestructura de salud, en conectividad, en espacios públicos, en inversión local, lo que estamos viendo no es sólo ejecución presupuestaria. Es un cambio en la estructura del desarrollo. Es soberanía hecha política pública.

Y ese es el punto que no puede diluirse en la discusión: la soberanía no es un concepto abstracto. Se expresa en decisiones concretas. En reglas del juego que establecen que el país también gana cuando se explotan sus recursos.

Resulta, por lo mismo, contradictorio observar cómo incluso sectores que históricamente resistieron este tipo de medidas hoy reconocen su relevancia, mientras en paralelo impulsan estrategias de inserción internacional que vuelven a tensionar el concepto de soberanía, particularmente en torno a minerales estratégicos. La discusión sobre el litio, por ejemplo, sigue abierta. Y no es casual: ahí se juega la próxima gran definición.

Pero incluso sin entrar en ese terreno —todavía en construcción— el Royalty ya establece un precedente. Fija un estándar. Marca un límite: Chile no está dispuesto a seguir siendo solo un exportador de materias primas sin captura significativa de valor.

Ese cambio de paradigma es, en sí mismo, político.

Durante décadas se instaló la idea de que el crecimiento, por sí solo, resolvería las desigualdades. Que bastaba con expandir la economía para que los beneficios “chorrearan”. La evidencia mostró lo contrario: concentración de riqueza, desigualdad territorial, zonas de sacrificio.

El Royalty viene a corregir esa lógica. A establecer que el crecimiento debe ir acompañado de mecanismos concretos de distribución. Que el desarrollo no puede medirse solo en cifras macroeconómicas, sino en su impacto real en la vida de las personas y en los territorios.

Por eso su defensa no puede ser tibia.

No basta con haberlo aprobado. Hay que sostenerlo políticamente. Explicarlo. Defenderlo frente a las críticas, pero también frente a los intentos de vaciarlo de contenido. Y, sobre todo, traducirlo en resultados visibles. En proyectos concretos que muestren que esta política no es un discurso, sino una mejora tangible en la calidad de vida.

Ahí hay una tarea estratégica para alcaldes y concejales, especialmente en los territorios: convertir el Royalty en obras, en servicios, en desarrollo local. Darle cuerpo a la soberanía.

Porque, al final, de eso se trata.

De decidir si Chile quiere seguir administrando su riqueza desde la lógica de la resignación o desde la convicción. Si quiere seguir aceptando que sus recursos se vayan con bajo retorno, o si está dispuesto a construir un modelo donde esa riqueza se traduzca en bienestar compartido.

El Royalty Minero es una respuesta a esa pregunta.

Una respuesta que, después de décadas, vuelve a poner sobre la mesa una idea que parecía olvidada: que el país puede, y debe, gobernarse a sí mismo en función de sus propios intereses.

Es la soberanía, carajo.