La alcaldesa Carmen Castillo confirmó la acción judicial por denuncia calumniosa contra el edil Ronald Olivares. Según informes policiales, el concejal admitió haber acompañado voluntariamente a desconocidos para comprar drogas, desmintiendo su versión inicial de un rapto.

El caso del concejal de San Felipe, Ronald Olivares, dio un giro radical que sacude la política local. La Municipalidad de San Felipe oficializó la presentación de una querella por denuncia calumniosa en su contra, luego de que salieran a la luz antecedentes que desmienten el supuesto secuestro que el edil denunció a inicios de 2025 tras un viaje a la Región de Valparaíso.

La confesión: Consumo voluntario y viáticos

El vuelco se sustenta en una declaración voluntaria prestada por el propio Olivares ante Carabineros el pasado 5 de febrero. En dicho documento, el concejal relató que, mientras se encontraba en Viña del Mar para una capacitación de la Asociación Chilena de Municipios (ACHM), salió con la intención de comprar sustancias ilícitas.

Según el informe policial, Olivares admitió que se acercó voluntariamente a un grupo de desconocidos que le ofrecieron droga. El edil reconoció haber:

• Entregado $350 mil en efectivo, provenientes de sus viáticos municipales.
• Realizado transferencias electrónicas adicionales para seguir adquiriendo sustancias.
• Consumido alcohol y drogas en un inmueble del cual, posteriormente, no pudo salir al sentirse intimidado por sujetos armados.

«Tergiversación de los hechos»

En su declaración, el concejal —quien asumió el cargo en diciembre de 2024— confesó una recaída en un consumo problemático de drogas tras seis años de rehabilitación. El informe de Carabineros es tajante al concluir que los hechos “se tergiversaron” con el único fin de justificar su ausencia ante su familia y evitar las inminentes repercusiones administrativas y políticas de su actuar.

Postura de la Alcaldía

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, señaló que el municipio tiene la obligación legal de denunciar estas irregularidades. «La querella apunta a que sean los tribunales penales los que revisen lo ocurrido ante antecedentes que consideramos graves», afirmó la jefa comunal.

El caso ahora queda en manos del Ministerio Público, mientras en el Concejo Municipal se evalúan las implicancias éticas y legales de un representante público que utilizó fondos fiscales (viáticos) en el contexto de una denuncia que resultó ser falsa.